El presidente de la Cámara de Cuentas asegura que "sicarios de la comunicación" buscan destruirlo

El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, fue evaluado este lunes en la Cámara de Diputados, porque tiene como objetivo seguir al frente de la entidad fiscalizadora a pesar de los señalamientos que arrastra y de un intento de juicio político que estuvo a punto de destituirlo.

Aún con todas las acusaciones formalizadas en un informe congresual del 2023, Janel Ramírez culpó a "los sicarios de la comunicación" de intentar destruirlo.

En medio de su evaluación frente a un grupo de diputados, el funcionario no citó ningún nombre, pero resaltó que "fue bueno" que sus supuestos detractores creyeron que lo detuvieron, aún cuando él estuvo trabajando.

"Por eso en el encendido del arbolito dije eso porque pensaban que no estábamos trabajando y no hemos dejado de trabajar ni un día. Llego oscuro a la Cámara de Cuentas y me voy de noche, trabajando hasta los fines de semana", sostuvo.

Sobre su trabajo en el órgano fiscalizador, Ramírez invitó a los diputados a analizar su entrevista del 2020, cuando fue seleccionado como presidente de la Cámara de Cuentas y donde mostró su plan de trabajo si resultaba electo. Dijo que ha cumplido con todas sus propuestas.

"Todo lo que dije que era necesario hacer, hasta donde las circunstancias de ingobernabilidad me lo permitieron, todas las podemos exhibir como logradas", comentó.

¿Por qué quiere volver?

Durante su ponencia ante una comisión de diputados, el funcionario explicó que la Ley 18-24, que reforma a la Cámara de Cuentas y que fue promulgada hace cinco meses, le permitirá trabajar con más holgura en la entidad y sin el riesgo de repetir los conflictos internos que ocurrieron en el 2023.

Esa ley, que deroga una vieja normativa del año 2004, le otorga más poder al presidente de la Cámara de Cuentas para tomar decisiones administrativas sin consultar constantemente al Pleno de la entidad, compuesto por otros cuatro miembros titulares.

De acuerdo con Janel, la nueva ley nació porque él mismo se atrevió a denunciar el desorden interno en la Cámara de Cuentas.

Informes contra la corrupción

Otra razón por la que Ramírez quiere volver a la institución es porque durante su gestión, iniciada en el 2021, se han emitido auditorías e informes que, como dijo, han servido para enfrentar casos de supuesta corrupción que actualmente se dirimen en los tribunales del país.

Esos informes, según explicó, también han servido para mejorar los índices de la República Dominicana en la lucha contra la corrupción y para "enfrentar el mal uso de los fondos públicos".

El último punto por el que quiere seguir dirigiendo la Cámara de Cuentas es porque la nueva Ley 18-24 crea todo un sistema de gestión de la calidad que le aseguraría que todos los informes y auditorías sean debidamente revisados, justo como lo pidió mientras denunciaba conflictos internos hace más de un año.

"Que Dios les ilumine para elegir a los hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el alto precio que yo he tenido que pagar", concluyó diciéndoles a los diputados que los evalúan.

Tras su participación de 10 minutos, los diputados tenían permitido hacer preguntas sobre su experiencia profesional o sus propuestas, pero nadie lo cuestionó.

Al finalizar su entrevista en el Congreso, la prensa no pudo abordarlo, porque se marchó rápido.

Otros dos miembros fueron evaluados

Antes de Janel Ramírez, los miembros titulares Elsa Peña y Mario Fernández también fueron evaluados, pero sin ninguna pregunta.

Fernández quiere volver a la Cámara de Cuentas gracias a la nueva ley y atribuyó los ataques a la Cámara de Cuentas a una campaña financiada por corruptos, mientras que Peña quiere ascender a la presidencia confiando en su trabajo.

Juicio político en el 2023

Después de ser entrevistados en varios medios de comunicación, los miembros titulares de la Cámara de Cuentas se acusaron entre sí de obstruirse el trabajo, lo que alertó al Congreso, que decidió investigarlos y acusarlos de usurpación de funciones, ocultamiento de auditorías y una pobre labor en la entidad.

El proceso nunca avanzó por la falta de votos para implementar la medida que buscaba destituirlos y prohibirles desempeñar cargos públicos por 10 años.