Entre abundancia y deudas: el panorama patrimonial de los diputados dominicanos

Contrario al Senado de la República, donde en sus 32 curules hay legisladores con importantes fortunas, en la Cámara de Diputados el patrimonio abundante no es una tendencia general.

De acuerdo con 157 de las más recientes declaraciones juradas de patrimonio publicadas hasta el pasado viernes por la Cámara de Cuentas, hay al menos ocho de los diputados reelectos, nuevos y salientes con más de 100 millones de pesos en patrimonio neto, más de 80 se ubican entre el millón y los 20 millones, unos cinco tienen menos de un millón y otros siete cuentan con un saldo negativo.

Entre las declaraciones analizadas por Diario Libre, presentadas por estos funcionarios que por ley están obligados a hacerlo y publicadas desde agosto pasado por la Cámara de Cuentas en su portal Ojo Ciudadano, se destaca el reelecto diputado peledeísta Juan Carlos Echavarría Milané, un comerciante que representa a la provincia Santo Domingo.

Según su declaración presentada el 13 de septiembre, a sus 53 años sus activos suman 430.4 millones de pesos, comprendiendo el 50 % su participación societaria y/o capital invertido en empresas, como el Consorcio de Bancas Joselito y otra denominada en el documento como IR1, en la que invirtió 212.9 millones de pesos.

En el 2022, el programa periodístico El Informe con Alicia Ortega informó que el diputado era uno de cinco legisladores vinculados al negocio de los juegos de azar que habrían dejado de pagar 159 millones de pesos al fisco en el 2021 por bancas de lotería ilegales. En el caso de Echavarría Milané, se estimó en 19.7 millones. De sus 462 establecimientos en ese entonces, el 66 % no estaba regulado, según el reportaje.

El legislador forma parte de las comisiones permanentes de Contratos, Defensa y Vivienda, Hábitat y Edificaciones de la Cámara de Diputados.

En cuanto a patrimonio en inmuebles se destacan el reelecto diputado perremeísta Nicolás Hidalgo Almánzar, de la provincia Duarte. A sus 66 años, este abogado reportó que el 96 % de sus 243.4 millones de pesos en activos se corresponde a inmuebles.

También, está el administrador de empresas y exalcalde de Cabrera, Jorge Hugo Cavoli. El perremeísta, reelecto diputado por María Trinidad Sánchez, notifica que el 82 % de sus 253.1 millones de pesos en activos es en inmuebles, según lo publicado.

Mujeres con buen patrimonio

Por lo general, son los hombres los que encabezan las listas de los funcionarios con mayor patrimonio. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se destaca la legisladora Eduviges María (Leyvi) Bautista Gomera. Oriunda del Batey Palavé, a sus 38 años reporta un patrimonio neto por 137.3 millones de pesos, destacándose una residencia valorada en 37.9 millones.

También se destaca Dellys Dumidia Féliz Rodríguez, una perremeísta que fue directora de Análisis Financiero de la Contraloría General de la República y directora financiera y administrativa de la Industria Nacional de la Aguja (Inaguja). A sus 66 años, de sus 118.4 millones de pesos en activos, el 93 % se corresponde a inmuebles, incluidos dos  fincas que se aproximan a los 30 millones de pesos cada una, siendo una adquirida por donación, según su declaración jurada publicada.

Patrimonio en negativo

Contrario a la bonanza patrimonial en un grupo de sus homólogos, entre los diputados que representan a Santiago, Santo Domingo, Azua, La Vega, Santiago y el Distrito Nacional, hay quienes la Cámara de Cuentas les publica un patrimonio neto en negativo.

Se destaca el caso de diputado Carlos Sánchez Quezada, reelecto por el Distrito Nacional. Según su resumen patrimonial presentado el 17 de septiembre pasado, a sus 53 años contaba a esa fecha con un pasivo ascendente a 69.2 millones de pesos, correspondiente a préstamos en pesos y en dólares, por lo que su patrimonio neto tenía un saldo de -22 millones de pesos, de acuerdo con el documento publicado.

En su anterior declaración, publicada en el 2020, apenas se consignaban pasivos por 8.1 millones de pesos.

Otro diputado con un patrimonio neto en negativo es el reelecto por La Vega, Rogelio Alfonso Genao Lanza, de -3 millones de pesos. A sus 35 años, el joven legislador acumula un pasivo por 5.9 millones de pesos, el 96 % por préstamos.

La relevancia de las declaraciones juradas

Declarar los bienes de los funcionarios es un mandato constitucional, consagrado en el artículo 146 de la Carta Magna, que busca condenar toda forma de corrupción en el Estado. En este se establece que es obligatorio para los funcionarios públicos probar el origen de sus bienes, antes y después de finalizar sus funciones o a requerimiento de la autoridad competente.

Hace 10 años, cuando se promulgó la ley que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, el Poder Ejecutivo y los legisladores procuraban con esta “la institucionalización de mecanismos de acceso a la información pública y rendición de cuentas que transparenten la gestión de la administración”.

Consideraron que esto “conduce a la erradicación de la corrupción administrativa que ocasiona serios perjuicios a la democracia, la gobernabilidad y la economía nacional”.

El jueves de la semana pasada, el senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, tomó un turno en la sesión del hemiciclo para quejarse del carácter público de las declaraciones juradas.

El exconvicto por estafa al Estado argumentó que divulgar las fortunas contenidas en dichas declaraciones, como lo ha hecho Diario Libre, puede perjudicar la seguridad personal de los declarantes y de sus parientes. En consecuencia, abogó para que esta documentación esté oculta y solo sea manejada en situaciones de desconfianza.

Según la ley, la sección de carácter no confidencial de la declaración de bienes patrimoniales de cada funcionario será publicada por la Cámara de Cuentas en su página web, así como en cualquier otro formato que considere apropiado, siendo dichas publicaciones web las analizadas por Diario Libre para esta historia y otras dos entregas anteriores, formando parte del ejercicio de transparencia pública que la misma ley y la Constitución enarbolan.