De 3,700 empleados que tenía el CEA, solo el 23 % trabajaba efectivamente, revela su director

Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales y ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), informó este miércoles que, al asumir el cargo, se encontró con una nómina de 3,700 empleados, de los cuales solo el 23 % trabajaba efectivamente, y que estos asistían únicamente dos días a la semana.

"Esos 3,700 empleados pesaban sobre la economía de esta institución al estar sobrecargada de esas nóminas que le creó problemas a la institución desde el punto de vista económico a lo largo de 16 años", explicó Burgos.

Burgos Gómez, precisó que se completó con el pago de las prestaciones laborales a los empleados que fueron desvinculados tras iniciarse el proceso de eliminación de esa institución.

"Con estas informaciones damos por cerrado el tema de los desvinculados. Cerramos el ciclo de los 3,700 empleados, quienes han sido reubicados conforme a las normas institucionales", aseguró.

A la fecha se han desvinculado 2,580 empleados del CEA a quienes se les ha pagado un total de 350,122,549.18 pesos.

También informó que se pensionó a 130 empleados y un total de 243 empleados del CEA fueron trasladados a la Dirección General de Bienes Nacionales.

Se espera que en lo adelante el Ministerio de Administración Pública apruebe el traspaso de 171 empleados más a Bienes Nacionales.

Burgos Gómez destacó que el proceso de desvinculación fue "riguroso", revelando irregularidades, como empleados que cobraban múltiples salarios.

"Así como se vendían tres y cuatro veces un solo solar, así cobraban aquí también tres, cuatro y hasta cinco veces, un solo empleado hacia eso en varias ocasiones y de diferentes maneras. Era la práctica en esta institución", denunció Burgos.

El CEA se encuentra en un proceso de fusión con la Dirección General de Bienes Nacionales y de acuerdo a su director, este proceso se encuentra en un 92 % y que culminará dentro de tres meses.

Demandas

Rafael Burgos señaló que 79 empleados han interpuesto demandas laborales contra el CEA, y que se les pagarán sus prestaciones una vez que los tribunales emitan una decisión.

En cuanto a las invasiones a propiedades del Estado, Burgos enfatizó que no se han vendido terrenos estatales y que se han tomado acciones legales contra varias personas por violar el derecho de propiedad privada. Estas acciones legales incluyen casos de invasión de terrenos, quema de campos de caña y falsificación de títulos.

Hasta ahora, se han intervenido 271 propiedades, que equivalen a 24,880.57 tareas de tierra a nivel nacional, pertenecientes al Estado.

Respecto a las propiedades recuperadas, Burgos explicó que algunas serán destinadas al Ingenio Porvenir para la siembra de caña, mientras que otros terrenos se transferirán a un fideicomiso para el desarrollo de infraestructuras por parte del Estado.