Exoneraciones e incentivos fiscales

Hace cuarenta años, expresé mi preocupación por cómo las exoneraciones y los incentivos fiscales afectaban el desarrollo económico de la República Dominicana. Estas prácticas no solo debilitaban las finanzas del Estado, sino que también aumentaban la deuda externa y la inequidad social.

Hoy seguimos enfrentando los mismos problemas. Las exoneraciones fiscales y los incentivos mal dirigidos continúan siendo una carga para el presupuesto nacional. Estas medidas, que deberían fomentar la inversión y el crecimiento, a menudo son usadas para beneficio personal o corporativo, sin contribuir al desarrollo sostenible del país.

La importación de bienes de lujo bajo exoneraciones destinadas a sectores productivos sigue siendo común. Esto priva al Estado de ingresos esenciales y perpetúa la desigualdad. La evasión fiscal y la falta de cumplimiento en el pago de servicios básicos, como la electricidad, limitan la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura y servicios sociales.

Es urgente reconsiderar estas políticas fiscales. Eliminar exoneraciones injustificadas y fortalecer la recaudación deben ser prioridades para asegurar la salud financiera del país. Mecanismos de control más estrictos y transparentes garantizarían que los incentivos fiscales beneficien a los sectores que promueven el desarrollo.

Asimismo, el gobierno y las instituciones públicas deben dar el ejemplo cumpliendo con sus obligaciones fiscales, para fomentar una cultura de responsabilidad y compromiso entre los ciudadanos y las empresas. Enfrentar estos problemas con determinación es clave para un crecimiento económico equitativo y sostenible.

Estoy convencido de que la República Dominicana no puede seguir postergando una reforma fiscal. Es esencial para la gobernabilidad y el desarrollo del país. No deberíamos permitir que termine este año sin definir e iniciar su implementación, aunque sea a modo de ensayo.

En 2012, se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que preveía un pacto fiscal a más tardar en 2015. Sin embargo, se ha pospuesto y solo se menciona cuando hay cambios de gobierno. Es hora de enfrentar esta reforma con valentía, considerando su impacto en todos los sectores sociales.

Las exoneraciones e incentivos fiscales otorgados desde la década de 1970 han cumplido su propósito original y ahora generan distorsiones económicas. Sectores como el turismo, las zonas francas, la minería y el transporte mantienen privilegios fiscales sin aportar significativamente al desarrollo ni a la generación de empleos. La Ley Especial de Frontera, por ejemplo, ha creado solo 10,000 empleos en más de 20 años, lo cual no justifica el sacrificio fiscal del Estado.

Los gastos tributarios representan más del 6% del PIB, una cifra que casi equivale al financiamiento necesario para equilibrar el presupuesto. Los sectores más privilegiados deben contribuir de manera equitativa, y el gobierno debe tener la voluntad de romper con prácticas del pasado. Al eliminar los privilegios fiscales y ampliar la base de contribuyentes, podríamos equilibrar el presupuesto y reducir las tasas impositivas a mediano plazo. Esto permitiría mejorar las condiciones de todos los dominicanos.

El presidente Abinader debe liderar este cambio con determinación, con el apoyo de todos los dominicanos que deseamos un país más inclusivo y próspero.