Una revisión urgente

La reciente polémica sobre la renovación de licencias de conducir para mayores de 65 años en la República Dominicana ha suscitado un debate crucial sobre seguridad vial y derechos ciudadanos. 

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) defiende su política de renovación bienal, arguyendo que está fundamentada en preocupaciones legítimas sobre los cambios físicos y cognitivos asociados con el envejecimiento. Sin embargo, la medida está siendo cuestionada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien denuncia que esta disposición podría vulnerar el principio de igualdad del artículo 39 de la Constitución.

El costo de renovación idéntico al de licencias de cuatro años ha añadido una capa de complejidad al asunto, alimentando las críticas de que se trata de un trato injusto. Ulloa ha emplazado al Intrant a justificar este enfoque, subrayando que cualquier política que imponga restricciones basadas en la edad debe estar correctamente fundamentada y alineada con criterios constitucionales. Es crucial que el Intrant evalúe esta política con atención no solo a la seguridad vial, sino también a los derechos de los ciudadanos.