Ahora quieren hablar

El Presidente dilapidó la luna de miel del nuevo mandato en una reforma constitucional en lugar de priorizar la tributaria. Entendía que por su naturaleza, las modificaciones a la Carta Magna le ganarían credibilidad y reforzarían su capital político de cara al esfuerzo mayor que supondría aumentar impuestos. En un cálculo equivocado, entendió que el orden de los factores no afectaba el producto, olvidando que las ciencias sociales y políticas, a diferencia de las matemáticas, no son exactas.

Y si bien en ese manejo estratégico radica la razón primaria del fracaso del Proyecto de Modernización Fiscal, después de presentado a Abinader también lo dejaron sólo.

Tanto partido como gobierno subestimaron la magnitud de las reacciones, y lucieron poco preparados para enfrentar la ola de críticas y defender sus bondades; la oposición jugó su papel de rechazar el proyecto, pero lo hizo desde la demagogia y sin contrapropuestas viables; y prácticamente todos los sectores productivos, a pesar de que reconocen la necesidad de mejorar la capacidad recaudatoria del Estado, se apandillaron para boicotearla incluso antes de comenzar las discusiones.

Ahora todos piden que se retome el diálogo “porque el pacto fiscal es necesario”. Algo que debieron pensar antes, cuando en lugar de mesura y calma para conversar y abordar los aspectos mejorables del proyecto, se dedicaron a elevar retóricas catastróficas y a exacerbar el ánimo de la gente justificadamente molesta. 

Pero la realidad es que Abinader no colocará más capital político en una reforma fiscal que no necesita para concluir su periodo sin sobresaltos y con un balance más que aceptable de realizaciones. Si no surgen imprevistos podrá financiar sus presupuestos sin mayores dificultades y con un déficit controlado. Y mientras don Héctor Valdez dirija el Banco Central, las agencias calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales medicarán sus nerviosismos.

El problema es que la historia a veces se repite como tragedia.

Vale recordar que en el año ochenta del siglo pasado Antonio Guzmán intentó pasar una reforma fiscal que organismos multilaterales recetaban desde mediados de los setenta. Era el momento de hacerla, no estábamos en crisis y gobierno y partido contaban con popularidad y fortaleza para sacarlas adelante. Sin embargo murió en el Congreso como consecuencia de las reyertas internas de los perredeistas. 

Cuatro años después, su sucesor tuvo que hacer una reforma de mayor impacto y esta vez en crisis. La gente se lanzó a las calles y Jorge Blanco se vio obligado a desplegar el ejército para contener con balas las pobladas. El trágico balance fue decenas de muertos, cientos de heridos y millones en daños a la propiedad.  

Pero esto no lo entendieron quienes tienen sembradas sus fortunas en el país, y en consecuencia mucho más que perder si esto se descompone y se pierde la estabilidad política y la paz social. Ni tampoco aquellos con intenciones de asumir la jefatura del Estado a partir de agosto del veintiocho, que por el camino tomado se exponen a heredar un serio problema fiscal.

En fin, que se perdió otra oportunidad. Sólo cabe esperar que la próxima no se nos imponga al borde de una crisis.