Intrantgate

Por el momento hay más preguntas que respuestas, pero el extraño contrato de 1,300 millones de pesos que firmó el Intrant para colocar semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo lleva camino de convertirse en un serio dolor de cabeza para este gobierno.

Preguntas. Por qué en octubre la Dirección General de Contrataciones Públicas ordena detener la ejecución de un proyecto que había ganado una licitación meses antes sin objeciones por su parte, aparentemente. De quién es realmente la empresa que se hizo con el contrato, Transcore Latam, si la “casa matriz” dice que no le representa.

Cómo ésta logra una línea de crédito de 120 millones de pesos en el BDI y por qué su garante es Dekolor.  Qué relación hay entre estas dos empresas, que se quieren tanto como para que Dekolor ponga en garantía sus propiedades inmobiliarias en la operación.

Quién y por qué obvió los más importantes pasos del due diligence para un contrato de semejante envergadura. Por qué una empresa en Tennessee decide contratar a Pellerano y Herrera. Cuándo llegaron a la Embajada americana los papeles que mostró Alicia Ortega en su Informe y si esto coincide con la orden de detener el proyecto, según filtra un bando interesado en el asunto.

Quién engañó a quién. Quién miró para otro lado. Quién es el verdadero dueño del contrato. Si algo hemos aprendido es que, a partir de cierta cantidad, los contratos y las contratas tienen dueños más arriba del firmante.

Por ahora son todo conjeturas, nadie habla claramente. Al gobierno no le cae bien el ruido: Carlos Pimentel tendrá que investigar rápido porque la oposición ya se frota las manos. A Hugo Beras probablemente le solicitaron que pidiera una licencia (¿fuego amigo, víctima colateral?) y los abogados afilan la máquina de facturar.

 (To be continued, como dicen en Tennessee.)