Ellas se llamaban...

Los tópicos justificativos continúan inconmovibles: celos, rabia, discusiones acaloradas. Revictimización. Una mujer viaja de una provincia a otra intentando inútilmente escapar de su feminicida y un periódico digital titula que fue “a vacacionar”. Una niña de cuatro años es raptada, violada (incluso después de muerta) y asesinada, pero la virulencia social cae implacable sobre la madre “negligente” y “abusadora”. El chivo expiatorio de la violencia masculina está siempre servido.

Esta historia es parte del especial “Ellas se llamaban...” de Diario Libre, realizado por Margarita Cordero.

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La violencia sexual y de género, cuyo culmen es el feminicidio, no encuentra sin embargo más que un eco episódico, por lo general inconsistente y oportunista, en los hacedores de políticas públicas, en el sistema político partidista y en la sociedad misma.

Un estudio de 2018 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sitúa a la República Dominicana como el cuarto país en el continente con mayor tasa de feminicidios por cada cien mil habitantes (1.8). Empero, las autoridades invierten el sentido de sus propias estadísticas para solapar el problema: pese a las críticas fundadas pregonan, casi con ánimo celebratorio, que los feminicidios “disminuyen” en lugar de atacar con decisión las razones que los motivan en cualquier número.

La campaña electoral en las atípicas condiciones creadas por la COVID-19 no ha enriquecido el catálogo de las “soluciones” a la violencia de género ni al feminicidio. Las mismas propuestas añejas que, no obstante su superficialidad, son relegadas al olvido tan pronto se pronuncian: endurecimiento de las penas, casas de acogida, educación para “la paz”, puestos de trabajo, acceso a la educación (la República Dominicana tiene el porcentaje de participación femenina en la educación superior más alto de América Latina (63,88%), por encima de Cuba (62,37%), Argentina (61,69%) y Panamá (60,46%), según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura), etc.

Pero algo tan fundamental para cambiar los patrones culturales que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres, como lo es, por ejemplo, la Orden Departamental del Ministro de Educación “mediante la cual se establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género”, no ha sido ni siquiera mencionada, muchísimo menos defendida, por los candidatos con o sin posibilidades de ganar las elecciones.

Así las cosas, el problema seguirá persistiendo sin atenuación previsible. La cultura de dominación masculina es su caldo de cultivo; transformarla exige mucho más que decisiones jurídico-administrativas. Requiere un ataque frontal a las relaciones de poder social que perjudican a las mujeres.