Comerciantes detallistas se oponen a licencia obligatoria para venta de bebidas alcohólicas

La Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep) expresó su oposición al proyecto de ley que busca establecer una licencia obligatoria para la venta de bebidas alcohólicas en colmados, peluquerías, salones de belleza, clubes nocturnos, bares y otros establecimientos.

Según Fenacodep, la mayoría de estos negocios operan en la informalidad y no podrían cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Interior y Policía para obtener la licencia.

La posición de Fenacodep fue anunciada durante el XXIII Congreso Nacional de la organización, en el marco de su 47 aniversario. En el evento, se juramentó el nuevo Comité Ejecutivo, presidido por Domingo Colón Silverio. Durante su discurso, Colón destacó la necesidad de regular la ubicación de grandes cadenas comerciales en los centros de las ciudades para evitar la quiebra de pequeñas empresas y comercios.

Además, mencionó ejemplos de países desarrollados como Estados Unidos (Nueva York, Florida), Puerto Rico y Chile, que protegen a los comercios locales al establecer distancias considerables entre ellos y las grandes empresas.

Propone pensión para los comerciantes detallistas

Colón propuso la elaboración de un proyecto de ley que garantice una pensión digna para los detallistas mayores de 70 años que hayan cumplido ciertos requisitos gubernamentales o estatales. Asimismo, instó a los comerciantes a trabajar juntos para lograr la aprobación de estos proyectos.

Sobre el proyecto de ley de licencia obligatoria para vender bebidas alcohólicas

El proyecto de ley en cuestión, presentado por el senador Santiago Zorrilla y actualmente en estudio en una comisión del Senado, establece que los establecimientos que deseen vender alcohol deberán cumplir con criterios sanitarios mínimos, estar al día en el pago de impuestos y proporcionar información detallada sobre el negocio, incluyendo nombre, dirección y medidas del área.

La licencia emitida por el Ministerio de Interior y Policía tendría una vigencia de dos años y podría ser revocada si los establecimientos no cumplen con los requisitos básicos.