Amchamdr condena el cierre de la cámara de comercio de Nicaragua

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) condenó este martes el cierre de su par en Nicaragua por órdenes del gobierno liderado por Daniel Ortega, coincidiendo con la posición de la U.S. Chamber of Commerce y la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe (AACCLA)

"En Amchamdr, nos unimos a la U.S. Chamber y a AACCLA para condenar enérgicamente la decisión del gobierno nicaragüense de revocar el estatus legal de AmCham Nicaragua y otras organizaciones de la sociedad civil", declaró la entidad en un comunicado, en el que agrega que su similar de Managua es "un referente en la promoción de comercio e inversión, y su contribución ha sido clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos nicaragüenses". 

El gremio empresarial dominicano expresó que la decisión de la Administración de Daniel Ortega de cerrar AmCham Nicaragua atenta contra el sector privado de ese país y perjudica gravemente el desarrollo económico y social del Nicaragua.

En el comunicado, Amchamdr también reafirmó "su compromiso con la defensa de la libertad empresarial, la democracia y la libre competencia, apoyando los esfuerzos para restaurar un entorno que promueva la prosperidad y el bienestar en Nicaragua y en toda la región".

Hace una semana, el gobierno de Daniel Ortega y su poderosa esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, llevaron a cabo el cierre de más de 1,000 organizaciones de la sociedad civil y religiosas en el país. Esta medida sin precedentes eleva a más de 5,100 las organizaciones civiles clausuradas por el gobierno desde 2018.

La decisión también afectó a entidades religiosas, numerosas sociedades benéficas, clubes rotarios y de ajedrez, asociaciones deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.

Además, se dictó una polémica normativa que obliga a las oenegés a trabajar únicamente en "alianzas de asociación" con entidades estatales.

El "nuevo modelo de operatividad" arrebata la autonomía de las organizaciones sobre sus proyectos y permite al gobierno controlar los recursos que reciben, según analistas consultados por la agencia de noticias The Associated Press.

El gobierno de Ortega enfrenta sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, que lo acusan de medidas autoritarias. En los últimos años han cerrado radios y universidades católicas y decenas de sacerdotes estuvieron detenidos y forzados al exilio.