CEG-Intec: Tasa de mortalidad materna en 2021 fue 23 % superior a la de 2020

Las altas tasas de mortalidad materna, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la baja calidad de atención de los servicios sanitarios, la falta de educación sexual, la inexistencia de una política integral de atención a la violencia, y la pérdida de empleos son algunas de las principales deudas del país con las mujeres.

Así lo indicó el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-Intec), en el documento “Deudas y moras del país con las mujeres: Analizando los nudos que limitan la igualdad sustantiva y la autonomía 2022”, presentado por su coordinadora, Desiree del Rosario; Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, y vicerrectora de Administración y Finanzas del Intec.

De acuerdo al estudio, República Dominicana encuentra en los derechos sexuales y reproductivos una de sus más sostenidas deudas sociales con las mujeres.

Al cierre del año 2021, la tasa de mortalidad materna en el país ascendía a 169 por cada 100,000 nacidos, un 23 % superior a la registrada al término del año 2020, cuando se situó en 137 por cada 100,000 nacidos vivos.

Esta situación es especialmente alarmante en el caso de la región de salud Cibao Occidental (Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Dajabón), en donde la tasa de mortalidad materna se disparó hasta un 300 %, en la región Del Valle (Azua, San Juan y Elías Piña) con un 248 %, y en la región Cibao Central (La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel) con 213 %, de acuerdo a datos recopilados a través de los boletines de la Dirección General de Epidemiología (Digepi).

Alto número de cesáreas

Del Rosario expresó, que otro tema que genera preocupación, es el elevado número de cesáreas que se practican en el país.

“Mientras la Organización Mundial de la Salud se adhiere a las recomendaciones de que la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre el 10 % y el 15 %, en el caso de República Dominicana, entre enero y diciembre de 2021, las estadísticas administrativas limitadas a determinados centros públicos de salud indican que la proporción de cesáreas supera el 47 %, unos 56,340 partos vías cesáreas”, destacó.

Se estima que el 90 % de los partos en el sector privado son a través de una cesárea.

“Eso incrementa los costos, definitivamente. República Dominicana ha recibido un llamado de atención, el comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) le está planteando a la República Dominicana la necesidad de tener una regulación y un servicio de salud que sea eficiente, que no discrimine y no margine a las personas”, dijo la docente.

La coordinadora del CEG-Intec recordó que en 2019, el Intec, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), realizaron una investigación sobre las razones de la mortalidad materna en la sociedad dominicana y “la mayoría tienen que ver con déficit en la calidad del servicio porque casi todos los partos son institucionalizados”.

Asimismo, destacó que hay una elevada proporción de embarazos a temprana edad.

“En términos absolutos, en 2021 se registraron al menos 14,555 partos vaginales en adolescentes de 10 a 19 años, otros 10,825 partos por cesarías, así como al menos 2,318 abortos dentro de la red pública de hospitales”, revela el documento, destacando que República Dominicana sigue penalizando el aborto en todas circunstancias y sin contemplación alguna de causales.

“Las estadísticas planteadas en el estudio recopilan datos de mujeres dominicanas, no de mujeres extranjeras o personas que vienen de paso”, aclaró Del Rosario.

El dato oficial de embarazo adolescente, con edades comprendidas entre los 10 y 19 años, sería de alrededor del 20.9 % en 2021.

“La educación sexual en la República Dominicana sigue siendo limitada o inexistente en el sistema público oficial. Por tanto, muchos de los problemas están enraizados en una estructura patriarcal, en un sistema que se ha dejado arropar por imposiciones dogmáticas”, destacó la especialista en temas humanos.

Tanto el matrimonio infantil, como las uniones tempranas, se asocian a los elevados índices de embarazo adolescente en el país.

El CEG-Intec denunció que prevalecen barreras importantes en el acceso a métodos anticonceptivos.

Al citar un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2017, indica que el 55 % de las mujeres afirmaba no haber recibido información sobre salud sexual y reproductiva, a la vez que un 22 % señaló que no utilizó ningún método anticonceptivo después de su primer embarazo, lo que provoca una prevalencia de enfermedades de trasmisión sexual elevada en el país.

Los avances en la cobertura de las mujeres en la seguridad social que para diciembre de 2021 representaban el 50.2% de afiliación, son insuficientes aún para garantizar el acceso a servicios de salud en condiciones dignas.

Además, persiste una marcada relación desigual en la titularidad en el régimen contributivo: las mujeres tan solo presentan un 38.6% de titulares, mientras las dependientes se sitúan sobre el 61.4%.

El documento presentado por el CEG-Intec señaló que al año 2020, República Dominicana registra la segunda tasa más alta de feminicidios entre las democracias de América Latina, con 2.4 por cada 100,000. La lista está encabezada por Honduras (4.7 por cada 100,000 mujeres), República Dominicana y El Salvador, según datos de la Cepal.

200 mil empleos menos tras el COVID

Más de 200 mil mujeres perdieron sus puestos de trabajo durante los peores momentos de la pandemia, una cifra 55 % mayor que en el caso de los empleos perdidos por los hombres, por lo que la tasa de ocupación en las mujeres apenas se sitúa en 45.7 %, mientras que en los hombres supera el 73.1%. 

“La pobreza hoy es mucho mayor que en 2019”, concluyó Del Rosario.

Con la presentación de este estudio, recopilado en honor a celebrarse en marzo el Día Internacional de la Mujer, las representantes del Centro de Estudios de Género del Intec buscan exigir políticas públicas que consideren las desigualdades y sean coherentes con los propósitos de la transformación social, políticas inclusivas para disminuir brechas entre hombre y mujeres.