Cien días de planes de reactivación, deuda y arrepentimientos

La estrategia de los primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader ha sido de un control de los daños causados por la pandemia del COVID-19, que provocará el peor retroceso económico sufrido por el país en las últimas décadas y ha marcado las políticas económicas, las decisiones y hasta los arrepentimientos de la actual administración.

El Banco Central de República Dominicana estima que la economía retrocederá este año un seis por ciento. “Jamás gobierno alguno enfrentó semejante combinación de retos y amenazas”, dijo el propio Abinader durante la toma de posesión el pasado 16 de agosto.

Desde ese día el manejo económico ha estado caracterizado por medidas de correcciones fiscales, de austeridad, de relanzamiento productivo de sectores estratégicos y golpeados por la pandemia, y de un endeudamiento milmillonario de emergencia para atender las necesidades financieras derivadas del nuevo coronavirus.

El primer reto del gobierno ha estado en la gestión de las finanzas públicas desde todos los flancos. La promesa de mejorar la calidad del gasto público, de terminar con las “botellas” en el gobierno y de entregar antes del límite del 1 de octubre el presupuesto de la nación de 2021 -un año que para ese momento lucía más incierto que ahora- fueron los primeros pasos que debió dar la administración entrante.

Todo eso en un escenario en el que los escasos recursos se debían destinar a la atención de la pandemia y a las ayudas sociales de emergencia que se dispusieron para aliviar la crisis de los trabajadores afectados.

Tras un mes en el poder, Abinader confesaba que “el gobierno pasado no dejó un centavo” para pagar los subsidios a los trabajadores suspendidos y a los informales, y que su administración debió cumplir con los pagos pendientes de julio y la primera quincena de agosto, que correspondían al gobierno saliente de Danilo Medina.

El pago de programas de emergencia para evitar un tsunami de desempleados ha sido más costoso para el Estado que la propia atención sanitaria del COVID-19. Desde que se aplicaron los subsidios Pa’ Ti, Quédate en Casa y el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), luego de declarada la pandemia, se han gastado 117,425.3 millones de pesos de los cuales un 83 % (97,350.1 millones de pesos) se dedicaron a la atención de las ayudas laborales.

Si los subsidios lograron frenar los despidos masivos es algo que todavía está por verse. El Banco Central de República Dominicana todavía no publica datos del tercer trimestre sobre el mercado laboral, aunque los del trimestre anterior mostraban una tasa de desempleo que se aparcó en 3.2 %, un nivel históricamente bajo.

Pero en una economía paralizada y cerrada por la pandemia –entre marzo y julio- pocos estaban buscando empleos, y eso disparó la tasa de inactividad, que mide la población que no está trabajando y que tampoco está buscando hacerlo, algo que podría explicar por qué la tasa de desocupación fue tan baja en el peor momento de la crisis.

El peso enorme de los subsidios laborales, que han representado más de un 10 % del gasto público de este año, tiene una fecha final, y es parte de lo que ha anunciado el presidente Abinader en sus primeros 100 días de gestión.

Hasta diciembre durará FASE, Pa’ Ti y Quédate en Casa. El mandatario dominicano dijo durante una entrevista en septiembre pasado con Diario Libre que mantener esos subsidios hasta el próximo mes es “un esfuerzo extraordinario”. “Vamos a ver cómo nosotros hacemos a partir de enero porque la verdad es que, desde el punto de vista fiscal, es insostenible”, expresaba ese día.

La deuda en alza

Los primeros 100 días de Abinader en el poder han estado llenos de deuda, de planes de reactivación económica y también de arrepentimientos. A un mes de su llegada al poder, el nuevo gobierno concretó la mayor emisión de bonos soberanos que ha realizado República Dominicana, por 3,800 millones de dólares.

Y la racha de endeudamiento no se ha detenido: por el Congreso han desfilado solicitudes de préstamos por 655 millones de dólares del BID, por 45 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo y por 100 millones de dólares más del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, entre los que hasta los momentos ha conocido el Congreso.

Se trata de más de 4,600 millones de dólares que ya han sido desembolsados o están en proceso. En tres meses el peso de la deuda pública del sector no financiero –que no incluye las operaciones de endeudamiento del Banco Central- pasó de 47.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en junio hasta un 54.8 % al cierre de septiembre, que es el último dato disponible.

Esa ha sido una forma de asumir el faltante de recursos públicos que trae la pandemia. Pero también se han plasmado otras ideas que formaron parte de la etapa de arrepentimientos que ha enfrentado el gobierno de Abinader: la creación de nuevos impuestos de cara al próximo año.

En el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2021 que inicialmente se depositó en el Congreso Nacional el poder ejecutivo planteó una serie de nuevos tributos y eliminación de exenciones fiscales a los asalariados, una medida que generó rechazó en la población y que debió ser desbaratada antes de ser sometida a la opinión del parlamento.

El presidente debió ofrecer una declaración pública televisada en la que señalaba si había que descartar la creación de estos tributos, se haría. Fue así como el gobierno, de urgencia, debió buscar otras vías para resolver la carencia de ingresos fiscales para 2021 y se engavetó la idea de crear un impuesto a los servicios digitales, a las operaciones en moneda extranjera, a las ganancias extraordinarias durante la pandemia y la eliminación de la exención del Impuesto sobre la Renta (ISR) a la paga de la regalía navideña.

Y Abinader anunció días más tarde lo inesperado: que el Pacto Eléctrico y el Fiscal se aprobarían cuanto antes. “La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo exige un pacto eléctrico y un pacto fiscal que debieron realizarse hace siete años. Es urgente y necesario”, dijo el mandatario nacional, quien aseguró que ambos deben convertirse en políticas aplicables a partir del año 2022.

Otro de los temas que planteó polémica fue el de la Marca País. Hace un mes el Presidente Abinader participó en la presentación de la estrategia que incluyó un logo que ha sido reclamado como un plagio por un diseñador ruso.

El equipo legal de ProDominicana anunció una demanda contra las firmas Beker, Integra y Kraneo Publicidad, que fueron las encargadas de diseñar la imagen. El asunto se resolvió con un concurso para los jóvenes diseñadores para que crear un nuevo logo de Marca País, según anunció el ministro de Turismo, David Collado.

Las esperanzas puestas en el turismo

La actividad turística representa en torno al 8 % del Producto Interno Bruto y genera un tercio de los dólares que llegan al país. Este también ha sido el sector económico más afectado por el COVID-19 y las expectativas de resurgimiento no serán inmediatas, son a mediano plazo.

Si bien las fronteras se abrieron el 1 de julio, tras haberse mantenido cerradas desde el 20 de marzo, las visitas de turistas están muy lejos de estar en un nivel normal. En octubre la llegada de turistas extranjeros a República Dominicana registraba una caída interanual de 75.9 %. Ese mes llegaron 70,901 turistas extranjeros, el mejor resultado desde la reapertura.

El gobierno dominicano, como una medida de emergencia para reflotar al sector, anunció un plan de relanzamiento turístico para atraer a los visitantes perdidos por la pandemia. El programa de 420 millones de pesos (unos siete millones de dólares) fueron anunciados y están siendo destinados a la promoción, a lograr acuerdos con aerolíneas para asegurar las rutas aéreas, así como medidas monetarias, fondo de garantías, créditos especiales para la pequeña y mediana empresa y también la creación de un seguro de salud a cargo para turistas extranjeros a cargo del Estado.

El turismo no ha sido el único que ha recibido apoyo. Durante sus primeros días en el poder, Abinader dispuso para el sector agropecuario un fondo de préstamos a tasa cero por 5,000 millones de pesos que serían especialmente destinados a los pequeños productores.

Asimismo, se han mantenido las medidas de facilidades tributarias para las empresas contribuyentes que permitan alivio ante el impacto que han tenido las medidas que se aplicaron para frenar los contagios.