Admisión de culpa de 14 imputados desmorona argumentos del PLD

La admisión de culpabilidad que hicieron 14 de los imputados en el entramado de corrupción denominado Operación Calamar, le resta legitimidad al argumento de persecución política, utilizado como medio de defensa por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A ello se suma el hecho de que diputados, dueños de bancas de lotería y de juegos de azar, entrevistados por DL, admitieron ser víctimas de cobros irregulares y que muchos, incluso, fueron a la quiebra a consecuencia de las presuntas extorsiones recibidas.

Los encartados en Operación Calamar aceptaron los cargos elevados por el Ministerio Público, de pertenecer a una estructura que desfalcó al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos, así como de incurrir en los delitos de soborno, lavado de activos, financiamiento ilícito de campañas políticas, coalición de  funcionarios y estafa. En su contra se había pedido 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de proceso complejo, situación que cambió para los 14 que se declararon culpables y pasaron a tener arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica.

Se trata del grupo de Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez (tiene presentación periódica e impedimento de salida), Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación, Julián Omar Fernández Figueroa, Yajaira Brito Encarnación, Ramón David Hernández y Claudio Silver Peña. Todos, tras negociar con el Ministerio Público, salieron de la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde permanecían presos.

Mientras fueron a la cárcel de Najayo, San Cristóbal, con prisión preventiva, los exministros de Hacienda, Donald Guerrero y administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Como coerción tienen prisión domiciliaria, impedimento de salida y fianza, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y Aldo Antonio Gerbasi, exasesor del exministro de Hacienda.

En tanto, el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño tiene impedimento de salida y fianza.  

PLD Vs Ministerio Público

Desde el inicio de la Operación Calamar, el PLD ha tildado las imputaciones de persecución política y su presidente y exmandatario Danilo Medina ha señalado que se busca “sustituir las urnas por tribunales” para desacreditar a los líderes de oposición de cara a las elecciones del 2024.  

“Quieren sustituir las urnas por los tribunales. Quieren que sea un expediente el que decida quién puede y quién no puede ser presidente de un país. En definitiva, quieren sustituir la voluntad popular por un expediente”, expresó Medina durante una reunión del Comité Central en marzo pasado.

Los peledeístas también hicieron un llamado de atención a los dignatarios de la Comunidad Iberoamericana que participaron en la XXVIII Cumbre Iberoamericana, los días 24 y 25 de marzo pasado. Entregaron una carta al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo De Sousa, durante una visita al Congreso Nacional, alertando que en los últimos dos años se ha violentado el debido proceso y el principio universal de presunción de inocencia en diversos casos penales que han involucrado a dirigentes del partido.

Tras las medidas de coerción impuesta por la jueza Kenya Romero, de Atención Permanente, José Dantés Díaz,  secretario de los  Asuntos Jurídicos, precisó que el fallo responde a la presión mediática y no se ajusta a derecho.

“Se trata de una decisión que no está basada en lo que establece la normativa procesal penal, sino más bien en un deseo de complacer en alguna medida la presión, política y mediática, tratando de quedar bien con todas las partes, algo que no corresponde al rol del juez imparcial”, dijo.

 Sin embargo, desde el Ministerio Público, la procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que la jueza actuó tomando en cuenta que habían pruebas suficientes para imponer las medidas coercitivas.

“La decisión del tribunal corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público de la seriedad y de la contundencia de la investigación. Prácticamente todas las barras tenían hasta tres abogados, pero les fue imposible obtener ni una sola ganancia de incidentes. En virtud de la tutela al debido proceso, la gran cantidad de pruebas y la consistencia de la investigación realizada por el Ministerio Público”, destacó Reynoso.

A confesión de parte...

El hecho de que 14 de los imputados hayan admitido su culpabilidad debilitaría en cierta forma los argumentos del PLD de que se trata de un caso político.

En el interín, los peledeístas deberán correr un año preelectoral con exfuncionarios de su Gobierno en prisión y amenazas del Ministerio Público de posibles nuevos implicados.