Los astilleros del Estado: vieja historia de deudas mutuas y blandos pagos

La República Dominicana, con una serie de astilleros estatales y una posición geográfica envidiable, ha desaprovechado la oportunidad de convertirse en un centro regional de reparación y construcción de embarcaciones comerciales y privadas.

Arrendados a empresas privadas o en manos de la Armada, esas instalaciones permanecen desconectadas de la apuesta gubernamental por convertir el país en un hub logístico. En ese contexto, Diario Libre solicitó a la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) que remitiera los contratos de arrendamiento de tres de los astilleros que operan en el país, para determinar su comportamiento y las posibles razones para el poco desarrollo.

Luego de una intensa lucha para conseguirlos, en la cual hasta el propio presidente Luis Abinader tuvo que intervenir, tres contratos de arrendamiento fueron entregados a Diario Libre y en ellos se puede observar una relación de deudas mutuas y pagos poco saludable.

Dos de los contratos

En dos de los contratos, firmados durante la presente gestión de Jean Luis Rodríguez al frente de la Apordom, el Estado cede parte de los cobros mensuales que debe realizar a las empresas beneficiarias, para que éstas puedan descontar la inversión realizada o por realizar en el bien que usufructúan.

En el caso del contrato entre la Armada de República Dominicana con Astilleros Navales Bahía de las Calderas (Anabalca), Ciramar S.A., se registra una historia de acuerdos y desacuerdos que llevaron a la Cámara de Cuentas a determinar, en una ocasión, que se estaba estafando al Estado dominicano. Ese contrato fue remitido directamente por la Armada y es muy anterior a este gobierno.

En dos de los casos, la renta es de unos 100,000 pesos mensuales, pero no siempre son pagadas a tiempo, según se desprende del propio contenido de los acuerdos, así como del testimonio de actores del área.

Uno de los arrendamientos es con la empresa M & D Marine Repair, S.A, que opera el dique del río Ozama y cuyo contrato, que data de mayo de 2023, fue rubricado por Rodríguez, por la Apordom, y Carlos Dax Antonio Díaz Brea, por la empresa. Los contratos suscritos por la presente gestión tienen la autorización e instrucción del Consejo de Administración de Apordom.

Marine Repair debe pagar 64.66 pesos por metro cuadrado, que al mes suman 132,975 pesos. El monto puede ser ajustado anualmente, según el índice de precios al consumidor.

Según los preámbulos en el acuerdo, la empresa no pudo usufructuar el arrendamiento que tenía desde abril de 2009, debido a la oposición que le hizo el Ministerio de Turismo, que pretendía desarrollar un proyecto de rehabilitación en el Puerto de Barahona.

Para ese año, organizaciones sociales, culturales, empresariales, religiosas y políticas de Barahona, también expresaron la oposición al astillero, porque afectaría la “hermosa ensenada azul de la ciudad”.

En el nuevo acuerdo, Apordom reconoce una deuda neta de amortizaciones por 3,179,808 pesos con la empresa, debido a créditos e inversiones anteriores a la presente administración, y ésta, a su vez, admite pasivos por 2.7 millones de pesos a favor de la institución, por “facturas pendientes” desde junio de 2020 a marzo de 2023.

Las partes acordaron que la mitad de ese último monto será descontado con el primero. El restante 50 % le sería pagado a la Apordom mediante cuotas de 113,632 mensuales en el periodo comprendido entre mayo de 2023 y mayo de 2024.

Pero como todavía Marine Repair mantendría un crédito con la Apordom de 1,816,222 pesos, éste sería amortizado mediante descuentos mensuales aplicados al valor del arrendamiento por el 50 % de los 113,632 pesos. Se establece, además, que en adición al precio del arrendamiento M&D debe pagar todos los servicios portuarios aplicables.

Historia de… ¿estafa?

En el caso del contrato de la Armada con Anabalca, Ciramar, Ciramar International Trading, Internacional Paint y Nadelca C. por A., para el arrendamiento del astillero que opera en Bahía de las Calderas, en Baní, la última enmienda se realizó el 21 de mayo del 2014, pero los acuerdos datan de 1991.

Para esa fecha se entregó la administración y operación del dique flotante DF-1 a Anabalca y en 2003 se pasó al arrendamiento a Ciramar International para la instalación de otro dique con capacidad para levantar 7,220 toneladas.

Aunque en el documento que remitió la Armada a este medio no hay detalles de los términos de aquel acuerdo, la prensa nacional recoge la información que en 2005 publicó la Cámara de Cuentas que señalaba que, tras una investigación, se determinó que el Estado fue engañado con unos 232 millones de pesos por las referidas empresas.

Indicaba que, cuando se constituyó Anabalca, la Marina de Guerra actuaba en nombre del Estado junto con las empresas nacionales y extranjeras, pero que luego no fue incluida en la participación accionaria.

Señalaba que, en el contrato de arrendamiento firmado en 1999, se estableció que el 40 % de los beneficios netos de las operaciones iría a la Armada, y que un 20 % se destinaría a la reparación de las instalaciones de Anabalca, manejados a través de una cuenta del Banco de Reservas, pero que dicha cuenta nunca se creó y los beneficios quedaron en manos de los accionarios.

Ya en 2008, la Armada le arrienda a Ciramar, por un periodo de 20 años con prórroga automática, el DF-1, un elevador marino y otros equipos, por un costo mensual de 30,000 dólares. Pero si la empresa construía buques u otras embarcaciones, también tendría que entregar el 5 % del valor de esas operaciones.

Acordaron, también, que los gastos de reparación inicial de los bienes arrendados saldrían del fondo de reservas que, para entonces, era de 9.8 millones.

Pero en la adenda del 21 de mayo de 2014 se acordó dejar sin efecto otra anterior de 2012, se hizo una separación de los bienes que eran propiedad de cada una de las partes y se aumentó la renta a 80,000 dólares mensuales.

De esos, 35,000 dólares se entregarían en cheque a favor de la intendencia General de la Armada. De ellos, 14,000 sería un crédito aplicado mensualmente a favor de las empresas, para destinarlo al pago de trabajos de reparación y mantenimiento de las embarcaciones de la Armada. Otros 31,000 dólares le serían descontados mensualmente de una deuda de 23 millones de pesos que tenía la Armada con la empresa.

El tiempo de duración del contrato se estableció entonces en 30 años, hasta el 2038.

Retención del 50 % por adecuaciones

La Apordom también llegó a un acuerdo en mayo de 2023 con Industrias Navales Dominicanas (Inadon) a la que cede 15,850 metros cuadrados de terrenos en la costa de Andrés, Boca Chica, también a un costo de 64.66 pesos por metro, que al mes suman 1,024,861 pesos.

La empresa debe hacer un depósito inicial de 2,049,722 pesos, que se le devolverá a los 30 días luego de terminado el contrato. En el documento se establece que, dado que Inadon debía hacer adecuaciones y mover oficinas estatales dentro del área cedida, se haría una amortización sobre el 50 % del pago mensual del arrendamiento.

Las partes acordaron que las embarcaciones que lleguen para fines de reparación mantenimiento o construcción, mediante los servicios que ofrece Inadon, o que usen las facilidades del dique flotante del muelle 3, deberán pagar un canon de 500 dólares por la entrada de los buques y 500 dólares por la salida, más el servicio de pilotaje.

“La primera parte reconoce que no percibirá ningún tipo de tarifa, tasa o canon adicional por parte de la segunda parte ni de los clientes que reciban los servicios de esta última, más allá de los pagos por alquiler y servicios de reparación o muellaje contemplados en el presente contrato”, dice.

El contrato, bajo las firmas de Rodríguez y Francisco Lage Rodríguez, tiene una duración de 10 años y se renovará de manera automática por otros 10, si la empresa cumple todas las obligaciones.

Tasas incluidas

El tercer contrato que entregó la Apordom data de abril de 2017 con vencimiento en el 2027, firmado durante la gestión de Víctor Gómez Casanova con Elos Marine, S.R.L., representada por Loris Colombo Lagrange, como gerente general.

Las partes acuerdan el arrendamiento de 3,277 metros cuadrados y un área de muelle de 999.22 metros cuadrados en el Puerto de Boca Chica, a un costo de 106,920 pesos mensuales, más un depósito no reembolsable de dos meses. El nuevo precio más que duplica el anterior, de 26 pesos por metro cuadrado.

Elos Marine se compromete a pagar varias tarifas: 10 % por el total de la factura por ensamblaje, 5 % por suministro de combustible para uso de embarcaciones, 25 % por uso de grúa de tiro y retiro, 15 % por reparación y mantenimiento de embarcaciones y el “cargo para las embarcaciones de placer por estadía en cada movimiento de tiro y retiro de cada embarcación por pie de eslora.

Como en el caso anterior, se establece por 10 años renovables, pero siempre que sea aprobado por el Consejo de Administración de Apordom.

Al comentar sobre dicho acuerdo, Casanova dijo que la empresa debió pagar todas las deudas que tenía pendiente con la institución, previo a la firma del nuevo contrato.