Anulan licitación del Intrant para red de semáforos; el caso va a la Pepca
Contrataciones Públicas identifica entramado societario de un beneficiario
Las “graves irregularidades” detectadas en el proceso de licitación de la red de semáforos inteligentes del Gran Santo Domingo llevó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a anular el contrato que hizo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) con la empresa adjudicataria, Transcore Latam SRL., y enviar el caso ante la Procuraduría General de la República para investigación.
“En atención a las violaciones graves al debido proceso, esta Dirección General declara la nulidad de pleno derecho del primer 'Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas”, y el “Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas', lo que implica la nulidad del referido contrato”, declaró el director de la DGCP, Carlos Pimentel, durante una rueda de prensa ayer.
Añade que la decisión se toma “tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del Intrant, y que se fundamentan en los informes señalados, adolecen de los mismos vicios que afectan su validez”.
Pimentel anunció que concluyó el proceso de investigación de dos de las denuncias presentadas contra la licitación que tenía como finalidad la “contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Sto Dgo”, la que fue adjudicada a Transcore Latam por un monto de 1,317 millones de pesos, pese a que el proceso contemplaba inicialmente un monto de 1,200 millones. Ello compromete al Estado por encima de su disponibilidad y “podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes”.
Entre las irregularidades cita indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros.
Varias empresas y un dueño
Sobre la empresa adjudicataria dijo que identificó un entramado societario con estructuras empresariales complejas, con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final. “Ese fenómeno apunta a prácticas que buscan deliberadamente ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente de las operaciones”, dice.
La DGCP anunció que depositó el expediente ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para que investigue a Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique a su beneficiario final y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación. También para que verifique las acciones que pudieran constituirse en indicios de conductas de índole penal. También señala que la empresa adjudicataria presentó información incompleta sobre los socios y que procede que a los servidores y funcionarios que participaron en el procedimiento “responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo”, se les apliquen sanciones según la Ley 340-06.
Como publicara Diario Libre en una nota del pasado 6 de noviembre, Contrataciones Públicas dijo que entre los documentos de la empresa Transcore Latam figura un acta de gerencia de junio de 2023 en la que se incluyó como fiador solidario e indivisible a la empresa Dekolor, srl., para una facilidad crediticia de 120 millones de dólares. Pimentel dice que Dekolor, relacionada a José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochy Gómez) y su empresa OML Inversiones, no presentó ofertas, pero que se verifican los registros de tres empresas: SIC Transcore Dominicana, Transcore y Transcore Dominicana por ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), entre mayo y junio de 2022 con el nombre de José Ángel Gómez como Titular.
Dekolor tiene en el país el contrato de la confección de las licencias de conducir, acuerdo que fue cuestionado en el 2008, luego que la empresa mexicana Cosmocolor desmintiera que fuera su matriz, como estos afirmaron. Gómez ha sido también denunciado por hackeos en el país.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre publicó un procedimiento de Licitación Pública Nacional por un monto estimado de RD$1,200 millones.
La DGCP envía a la Unidad de compras del INTRANT nuestras observaciones al procedimiento.
Intrant publica una enmienda que modificaba el Pliego de Condiciones Específicas, tanto en el cronograma de actividades, como en otros aspectos técnicos del procedimiento de contratación.
Transcore Latam SRL y el Consorcio de Seguridad Sostenible presentan ofertas, resultando adjudicatario el oferente Transcore Latam, SRL por el monto de RD$1,317 millones.
Se suscribe el contrato entre el INTRANT y TRANSCORE LATAM, SRL.
La DGCP notifica al INTRANT las denuncias presentadas por Transcore LP, Sistemas Integrados de Control, S.A. (SICTRANSCORE LATINOAMÉRICA), quienes alegaban que la razón social Transcore Latam, S.R.L, supuestamente había utilizado informaciones creadas de forma falsa o fraudulenta, o adulteradas de otras fuentes públicas disponibles, con el propósito de participar como oferentes en el procedimiento.
La DGCP remite al INTRANT otra comunicación notificando que llevaría a cabo las investigaciones con todos los trámites que exige el debido proceso.
La DGCP suspendió de oficio los efectos del referido contrato, como medida provisional para decidir el recurso jerárquico contra dicha licitación.
Bufete Pellerano y Herrera afirma que empresarios defienden contrato con Intrant no son de Transcore LP.
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Nombran al coronel Randolfo Rijo interinamente en el Intrant.
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