Finjus renoce informe que dice RD ha avanzado en la corrupción, pero realiza recomendaciones

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) destacó este martes el informe del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción en el 2023, el cual señala que la República Dominicana ha progresado en la lucha contra el flagelo. 

Sin embargo, la organización realizó una serie de recomendaciones, que, a su juicio, son necesarias para seguir enfrentando la corrupción.

Las sugerencias

El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, citó entre las sugerencias la necesidad de la elaboración de los reglamentos que ordena la Ley de Extinción de Dominio, como parte de su implementación; la urgencia de que sean introducidos los cambios profundos que amerita la Ley de Compras y Contrataciones; la necesidad de que el Código Penal sea reformado para recoger los nuevos tipos penales contra la corrupción y delitos conexos.

Asimismo, indicó la urgencia de que la normativa sobre la Cámara de Cuentas se modifique para que esa importante institución sea un verdadero instrumento de control de los órganos del Estado.

“El informe reconoce que dichos avances representan una posición aventajada del país con relación a otras sociedades que en el pasado exhibieron elevados índices en su capacidad de lucha contra la corrupción”, explicó Castaño Guzmán.

El documento, que es producido por las organizaciones internacionales Americas Society y el Consejo de las Américas, reconoce por tercer año consecutivo los avances del país en el enfrentamiento de la corrupción.

“Para justificar el avance sostenido en esta materia, el Informe recoge la mejoría en la capacidad legal del Estado para tipificar delitos vinculados con la corrupción, la mejor proyección del Ministerio Público y el Poder Judicial, para conocer, investigar, acusar y sostener los procesos jurisdiccionales correspondiente en una serie de sonados casos que están siendo juzgados en los tribunales de la República”, agregó Servio Tulio.

Resaltó que esa distinción incrementa la percepción en la comunidad internacional de que el país se ha convertido en un lugar seguro para acoger la inversión económica internacional y un espaldarazo a la confianza por la creciente fortaleza de la seguridad jurídica.