Presentarán ante el Congreso Nacional anteproyecto de ley sobre alimentación escolar

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este jueves que continúan con los trabajos de elaboración del anteproyecto de ley de alimentación escolar el cual será presentado ante el Congreso Nacional. 

El anteproyecto está siendo elaborado, además de Inabie, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Centro de Investigación y Promoción Social (Cipros) y la Cámara de Diputados a través del Frente Parlamentario contra el Hambre.

La propuesta se encuentra en un proceso de consulta con los sectores público y privado. Finalizada esta fase será introducido en las cámaras legislativas de acuerdo a lo estipulado en la Constitución para procurar su aprobación y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo. 

La información fue ofrecida durante el “Taller de Revisión y Validación de la Propuesta para la Formulación del Marco Legal en Alimentación Escolar”, en el que se mostraron los avances de este anteproyecto. 

En el encuentro se expuso la importancia de la ley ya que buscan garantizar la nutrición, sostenibilidad, inocuidad, establecer un robusto marco de supervisión, fiscalización y un régimen de consecuencias relacionado al PAE.

 “La creación de esta ley es de suma importancia ya que es la manera de garantizar la seguridad alimentaria de los hijos de más de 700 familias dominicanas. La idea es que el Programa de Alimentación Escolar no dependa de un gobierno sino del Estado en su conjunto”, sostuvo Víctor Castro, director ejecutivo del Inabie.

Manifestó que la elaboración de la propuesta escolar se está realizando tomando en cuenta los obstáculos, avances y experiencias que ha tenido República Dominicana sobre este tema. 

Asimismo, se tomó como referencia los documentos legales y técnicos que existen en el país sobre educación, salud, compras y contrataciones y leyes de alimentación en los centros educativos de la región latinoamericana, entre otros. 

“Reiteramos nuestro compromiso con que República Dominicana se dote de una ley de alimentación escolar que regule la alimentación de manera general, contribuyendo al derecho humano a la alimentación de calidad y a la sostenibilidad”, expresó la diputada Soraya Suarez, presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre.

Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en República Dominicana, añadió que la ley de alimentación supone una oportunidad de mercado público para la compra de alimentos a la agricultura familiar, con participación de la comunidad educativa y la sociedad civil.

“A través de distintas iniciativas podemos mejorar la alimentación escolar, llevarla a todo el territorio, regionalizar los menús y para esto es fundamental y necesario integrar alimentos de producción local”, manifestó Castañeda.

Aspectos del anteproyecto

Los componentes del anteproyecto son el marco institucional, articulación intersectorial y participación; la producción y compras de alimentos; el fortalecimiento y sostenibilidad de alimentación escolar; alimentación saludable; nutrición, inocuidad, preparación de alimentos; financiamiento; rendición de cuentas y sanciones. 

Consultoría marco legal

Para la revisión y validación este anteproyecto se han hecho partícipes los actores del sistema educativo nacional, incluyendo una representación de los estudiantes.

Los trabajos técnicos para la elaboración de la propuesta iniciaron el pasado mes de septiembre con la asistencia de la consultora legal Dorina López.

Fueron realizados seis encuentros para motivar el involucramiento de los actores clave y se conformaron los Comités de Alimentación Escolar en Monte Plata, Azua, San Juan, La Vega y Santiago.  

De igual manera, se realizaron entrevistas a profundidad y encuestas a actores clave del nivel central y provincial, como insumo para la propuesta que fue sometida a revisión y validación por los técnicos institucionales y una representación de los estudiantes. 

Países que tienen la ley

Otros países de la región como Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Bolivia y Paraguay ya tienen la alimentación escolar dentro de un marco legal, garantizando la continuidad y la permanencia de los programas, con financiamiento y cobertura asegurados, y contribuyendo al cumplimiento del Derecho a la Alimentación Adecuada y a la promoción de la salud de la población estudiantil.