Presa de Monte Grande: cuatro gobiernos, dos picazos, tres presidentes y trece años

El proyecto de Monte Grande se ubica sobre el río Yaque del Sur, en Barahona, y busca garantizar el suministro de agua potable a 400 mil personas, estimular la expansión de las estructuras de producción agrícola, mejorar los índices de salubridad e incentivar la generación de energía hidroeléctrica. Contempla obras para el control de las inundaciones en las provincias Barahona, Independencia, Pedernales y Azua.

En 13 años, el Estado dominicano ha invertido ya US$479.9 millones en la presa de Monte Grande, según ha informado el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), lo que representa un 35.47 % por encima del monto contratado originalmente (US$354.2 millones).

El incremento superior al 25 % de la obra se hizo de forma administrativa, al margen de lo que establece la Ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas, que estipula que la entidad contratante tendrá facultad y obligación de modificar, disminuir o aumentar hasta ese porcentaje.

Según los datos oficiales dados a Diario Libre, a través del Indrhi, los gobiernos peledeístas encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina pagaron desde 2009 hasta agosto de 2020 la suma de 390.4 millones de dólares, equivalente a un 10.21 % más del monto contratado, por lo cual no se excedió el tope legal establecido.

Del total de pagos realizados hasta marzo de este 2022, la gestión perremeísta de Luis Abinader –que comenzó el 16 de agosto de 2020– pagó US$89.4 millones, de los cuales US$19.5 millones corresponden a deudas dejadas por la pasada gestión de Medina, según datos del Indrhi.

De aprobarse un proyecto de ley especial sometido hace dos meses por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, el costo final de la obra se elevaría a US$623.4 millones, sin incluir proyectos complementarios, o sea un 76 % más que el monto contratado inicialmente.

Con su propuesta, se modificarían los montos contemplados en el acuerdo original por encima del 25 % y los servicios de consultoría por encima del 50 % de lo originalmente pactado.

Los US$623.4 millones que contempla el actual gobierno que costaría la presa y que solicita autorizar por ley representan US$221.8 millones más que el último monto contratado en la adenda tercera, ascendente a US$401.6 millones. Sin embargo, según lo revelado a Diario Libre por el Indrhi solo faltan alrededor de US$105 millones para terminar la presa, aunque el proyecto lo estima en US$164.2 millones.

La pieza plantea que la excepción contenida en esa ley no exime a los funcionarios, contratistas y terceras personas de responsabilidad administrativa, penal o civil, por acción u omisión, que se derive de la violación de las disposiciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones u otras normativas.

Establece que las adendas y pagos que serán realizados a raíz de la ley, de ser aprobada, estarán sujetos a mecanismos de control presupuestario o de otra índole, del Estado, como son los de control interno a través de la Contraloría General de la República; el administrativo, vía la Dirección General de Contrataciones Públicas; y el externo, ejercido a través de la Cámara de Cuentas “o investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público”.

Un voto disidente

Ya la pieza fue aprobada con modificaciones en el Senado, en primera lectura el pasado 25 de mayo y en segunda lectura, el pasado 14 de junio. El informe favorable sobre la pieza, elaborado por la comisión de Hacienda del Senado, contó con un voto disidente del senador de la Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez, quien entiende que se trata de una “ley innecesaria” y “contraria a la Constitución”, debido a que basta con que el presidente de la República remita una adenda con las nuevas condiciones contractuales para continuar la obra.

“Si acogemos y aprobamos el proyecto de ley especial para la terminación del proyecto múltiple de la presa de Monte Grande, estaríamos adoptando un procedimiento contrario a la Constitución, ya que estaríamos autorizando al presidente a firmar un contrato, función que se encuentra dentro de sus atribuciones y colocando parámetros para su contratación, lo que constituye una invasión a sus fueros, esferas y atribuciones constitucionales”, advierte.

Aseguró que se estaría sentando un mal precedente legislativo “con consecuencias inimaginables” porque obligaría a modificar contratos cuando sobrepasen los montos fijados en la Ley 340-06, lo que podría retrasar las obras públicas.

El contrato y adendas

El contrato para el proyecto múltiple “Presa de Monte Grande y Rehabilitación y Complementación de la Presa de Sabana Yegua” fue suscrito el 20 de julio de 2009, durante el gobierno de Fernández. El 8 de julio del año siguiente tuvo su primera adenda, aprobadas ambas iniciativas el 24 de marzo de 2011. Aunque en esta primera adenda no se alteró el precio del contrato, las partes se comprometieron a realizar revisiones de precios unitarios y montos finales.

El proyecto incluye tres fases. La primera es la rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua, la segunda los estudios y diseños de Monte Grande, y la tercera es la construcción de las obras de la presa de Monte Grande.

La segunda adenda al contrato, del 9 de mayo de 2013, fue suscrita durante el gobierno de Medina. En ese contrato el monto del proyecto subió a 401.6 millones de dólares, precio que se mantuvo en una tercera adenda, del 19 de diciembre de 2013. La tercera adenda también fue suscrita en la gestión de Medina.

La cuarta adenda se suscribió el 20 de abril de 2021, durante el gobierno de Abinader, fue sometida ante el Senado el 15 de octubre del mismo año. Buscaba incrementar el monto de ese financiamiento hasta 442.8 millones de dólares, aunque las partes reconocían que ese no sería el monto final.

En dicha adenda se prorrogó la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de este 2022, fecha en que debería estar lista la presa de Monte Grande y se acordó completar el anticipo correspondiente al 20 % del monto estimado, ascendente a US$17.7 millones. Contempla penalidades por retrasos del contratista y para el Estado, en el caso de entregar la obra de forma anticipada.

La semana pasada, el Senado aprobó una ley para modificar el contrato de la presa y autoriza al Poder Ejecutivo exceder los umbrales establecidos en la Ley 340-06 para modificar los montos contemplados en el acuerdo de construcción.

Montos insuficientes

Entre las razones para presentar el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo destaca en uno de los considerandos de esa pieza que debido a la prolongación del tiempo en la ejecución de la obra, por múltiples razones, resulta innegable que desde la fecha de contratación a la actualidad se ha experimentado un incremento significativo en los insumos y costos de la ejecución del contrato de obra como en la supervisión, y más aun, durante los últimos 20 meses tras la pandemia del COVID-19.

Destaca que la situación provocó que los límites legales consagrados en la Ley 340-06 resulten insuficientes para concluir en su totalidad la obra y las labores de supervisión de la presa de Monte Grande.

¿Transparentar?

Antes de comenzar la obra, en febrero de 2010, los medios de comunicación se hicieron eco de que el Comité de Licitaciones que investigó supuestas irregularidades en la concesión del proyecto múltiple detectó una sobrevaluación. La investigación fue realizada luego de una denuncia hecha por el entonces presidente de la Comisión de Ética del Gobierno, Marino Vinicio Castillo.

En varias ocasiones sectores han denunciado la paralización de los trabajos. El expresidente Medina llegó a realizar visitas “sorpresa” a la obra en las que reclamó su terminación.

Desde principios de la actual gestión en 2020, el Indrhi, según informó su actual director, Olmedo Caba Romano, solicitó a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República realizar sendas auditorías al proyecto múltiple. El funcionario dijo que con esa iniciativa “cumplimos con nuestro rol”, y que sería una indiscreción decir si esas inspecciones se iniciaron o no.

En una entrevista con Diario Libre, Caba Romano reveló que aunque el gobierno de Abinader sometió un proyecto de ley para autorizar al Estado a contratar nuevas partidas, se trata de recursos que en una buena proporción han sido pagados por la anterior gestión y en parte por la actual.

“Realmente, para terminar la presa lo que faltan es alrededor de 105 millones de dólares, que están ahí contemplados (en los 623 millones de dólares)”, informó.

Al cuestionársele si estaban legalizando pagos que se hicieron de forma administrativa, respondió: “No, no es que estamos legalizando. Fueron pagados (...), y hay que incluirlos en el contrato. Nosotros estamos transparentando el proyecto. Ese es el término”.

Además del proyecto de ley, la Comisión de Hacienda del Senado está apoderada del estudio de la cuarta adenda, la cual, según lo revelado por Caba Romano, no fue aprobada porque el Senado informó al Indhri que ese monto excedía el 25 % del monto original, por lo que le pidió al Poder Ejecutivo elaborar una “dispensa” para que pueda ser sancionada. Aseguró que la cuarta adenda fue elaborada por la pasada gestión gubernamental.

Gastos desconocidos

Existen pagos que aún no están cuantificados en el proyecto múltiple, para lo cual el Gobierno deberá pedir otra “dispensa” y someter otra adenda, de acuerdo con lo informado por el director del Indrhi.

¿La causa? Según Olmedo Caba: “No han evaluado el costo de las obras complementarias y ahora estamos en el proceso de terminación de los diseños técnicos definitivos”.

Explicó que la suma de US$623.4 millones no incluye obras complementarias, debido a que el proyecto fue contratado sin incluir los diseños y montos definitivos de estas.

Adelantó que el Gobierno tiene previsto entregar antes de agosto próximo 390 viviendas unifamiliares que están siendo construidas para beneficiar a los afectados del área de embalse de la presa y asentamientos agrícolas.

Las viviendas estarán ubicadas en Monte Grande, Los Güiros, La Meseta y San Simón, y hasta el momento –detalló el funcionario–, se han pagado alrededor de 17 millones de dólares en ese proyecto.

Además de esto, se encuentra entre los trabajos complementarios la rehabilitación de la presa de Sabana Yegua, la supervisión de esa última y los diseños de la presa de Monte Grande.

En resúmenes ejecutivos del proyecto publicados en el portal del Indrhi figuran partidas vinculadas a diferentes contratos –en dólares y en pesos– para obras, como la canalización y protección del río Yaque del Sur, la construcción y desvío del aliviadero de Canoa, en Barahona y la rehabilitación del canal Cristóbal por daños atmosféricos, entre otros.

Voluntad política

Caba Romano también reveló a Diario Libre que el actual gobierno, el 16 de agosto de 2020 encontró que la obra se había avanzado en 41 %, y que actualmente está entre un 70 % a 72 % de ejecución.

Al cuestionársele si constituía una falla que el proyecto múltiple se haya contratado sin estar listos los diseños y los montos finales, respondió que no quería entrar en detalles, pero admitió que existía una tradición histórica de que la mayoría de las obras hidráulicas fueran licitadas sin incluir los estudios de factibilidad, el diseño de todas las obras y la construcción.

Aseguró que “esa realidad cambiará”, aunque recordó que este gobierno apenas tiene un año y nueve meses de gestión, y que la presa de Monte Grande fue contratada y ejecutada en anteriores administraciones –razones por las que desconoce algunos detalles que pudieron obstaculizar su desarrollo–, recordó que el primer contrato suscrito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), por US$249.6 millones, no se materializó por la crisis financiera mundial y en Brasil.

Caba Romano destacó que Monte Grande realmente comenzó a construirse “con fuerza” en 2018. De hecho, Diario Libre determinó que durante cinco años (2012, 2013, 2015, 2016 y 2017) no se devengaron partidas presupuestarias destinadas a ese proyecto.

Diario Libre hizo esfuerzos por entrevistar al exdirector del Indrhi, Olgo Fernández, quien en una primera oportunidad dijo que aceptaría dar la entrevista. Luego, se excusó argumentando que tenía su agenda comprometida con varios viajes al interior del país.