¡Que no les tiemble el pulso!, dijo Luis Henry Molina a los jueces
Destacó que el problema del presupuesto no está en el monto sino en la distribución Mora judicial es una “enfermedad crónica”
¡Que no les tiemble el pulso! Les dijo ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial a los jueces y juezas del país, a quienes llamó a actuar con rigor al enfrentar maniobras, tácticas, dilatorias injustificadas y reclamaciones carentes de funda- mento de imputados y/o abogados envueltos en un proceso judicial.
Durante su primer discurso de rendición de cuentas, Luis Henry Molina Peña destacó que el Poder Judicial consolidó su independencia a partir del año 1998 mediante un proceso de reclutamiento y selección de jueces, de entrenamiento y de carrera judicial regulados por la ley y al margen de interferencias externas y decisiones políticas.
“¡Que no les tiemble el pulso! Erradiquemos estas prácticas, pues son un virus que distrae fuerzas y atención de la tarea de administrar justicia bien servida. La garantía de integridad que las personas esperan es que seamos jueces y juezas apegados al derecho. Comprendamos de una vez, no es el interés de unos pocos intervinientes el que defendemos, sino el interés superior de la justicia”, dijo de manera enérgica en el acto al cual acudió el presidente de la República Danilo Medina.
Expresó que la independencia de los magistrados no radica solo en la neutralidad de sus fallos sino también en su conducta diaria, antes y después del momento de dictar sentencia y por eso han puesto punto final a prácticas incompatibles con las expectativas de conducta de los jueces: “No más entrevistas de partes con jueces que conocen una causa. No más accesos conjuntos de jueces, abogados y fiscales a las salas de justicia”.
El presidente de la Suprema dejó entrever que el problema del manejo del presupuesto que se asigna a ese poder del Estado no tiene que ver directamente con la cantidad sino con el modo en que este se distribuye a lo interno de la institución.
“La inequidad en la distribución de la carga judicial también nos enfrenta preguntas relacionadas con la eficiencia presupuestaria y de gasto. Por ejemplo, mientras los juzgados de paz, los tribunales de primera instancia, las cortes de apelaciones y la Suprema Corte de Justicia acceden al 68% del presupuesto de la Justicia, el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración, recibe el 32% de este”, enfatizó.
Afirmó que esa institución no cuenta con un sistema estadístico confiable para responder a las demandas de servicios de la población por lo que no es tarea fácil reorientar la justicia hacia la posibilidad de administrar el sistema de manera integral.
Describió la mora judicial como “una enfermedad crónica”, indicó que cuando asumió el cargo encontró, solo en la Suprema Corte, 18,357 casos acumulados que en junio del 2019 esperaban resolución. Entre ellos hay varios que aguardan por sentencia desde el siglo pasado.
Luis Molina dijo que al estudiar la forma en que las responsabilidades y tareas del sistema se encuentran distribuidas, ha podido observar una marcada inequidad en la asignación de la carga judicial.
“Constatamos discrepancias relevantes entre el número de jueces, para cada nivel del sistema, y el porcentaje de casos ingresados anualmente. El número de estos que cada juez debe resolver y el porcentaje del presupuesto asignado para ello/ distan mucho de ser proporcionales”, declaró el titular de la Suprema.
Afirmó que mientras los jueces de primera instancia y de la Suprema Corte deben conocer en promedio 484 y 486 casos cada uno, este número disminuye en el caso de los jueces de paz y de cortes de apelación a tan solo 169 y 131 casos en promedio cada uno. Ante esta situación, explicó que para distribuir de manera más efectiva y racional la carga, avanzaran en modalidades de administración judicial que hagan posible que nuestros magistrados de corte de apelación, sin perder su carácter, puedan resolver asuntos de primera instancia.
Molina Peña fue enfático en destacar el compromiso de la judicatura para dar mejores respuestas al flagelo de la violencia de género del cual son víctimas las mujeres para que encuentren en la Justicia un espacio digno, protegido y sensible frente a su sufrimiento.
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