Participación de parte civil podría variar rumbo archivos definitivos en caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. Aunque no existen querellantes en el expediente del caso Odebrecht que se conoce actualmente, la participación de una parte civil como objetante de los archivos definitivos otorgados a ocho de los implicados en el escándalo de corrupción por pago de sobornos supone un giro en el curso del proceso.

Según informó este miércoles el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, personas se han dirigido a esa entidad con interés de presentar oposición a los archivos, con lo que la decisión del pasado procurador Jean Alain Rodríguez pasaría al conocimiento de un tribunal de instrucción para decidir sobre su legalidad.

Camacho ha dicho que los archivos definitivos se otorgaron de forma irregular, citando, entre otras razones, que se realizaron durante las vacaciones de la pasada titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, y a tres días de que esta se reintegrara a sus funciones.

Los autos, otorgados en septiembre de 2019 a favor de Juan Temístocles Montás, Alfredo Pacheco, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo D’ Oleo, Ruddy González y Radhamés Segura, cuentan con las firmas del exprocurador y de Narciso José Escaño Martínez, procurador general de corte de apelación, que fungió como titular interino de la Pepca.

Durante una entrevista que concedió este miércoles al programa El Día, Camacho cuestionó que los archivos definitivos no están numerados, a diferencia de los provisionales que se emitieron en 2018, bajo la firma de Pelletier, que sí constan de numeración.

También dijo que los autos de 2019 se informaron a los beneficiados con una firma en el mismo documento, a diferencia del archivo provisional que se notificó mediante acto de alguacil.

Los de 2018 fueron notificados a todos los beneficiarios, pero en 2019, al menos en tres de esas personas, no hay constancia de que lo hayan recibido directamente, informó.

Pero hay más, pues la motivación jurídica de los archivos también muestra incongruencias, según el titular de la Pepca.

“Cuando uno revisa desde el punto de vista jurídico, uno se encuentra que la motivación que tienen estos archivos, nos debe llevar a un dispositivo de archivo provisional y no a un dispositivo de archivo definitivo”, dijo. Agregó que, cuando se compara la causal que se utilizó con el contenido de los archivos, no hay congruencia en ambos elementos lo que los convierte en unos archivos irregulares.

Los autos de archivo definitivo están fundamentados en el numeral 6, artículo 281, del Código Procesal Penal, “en razón de que, es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal”, afirman los documentos.

Camacho insistió con que los archivos están en investigación y que se aplicarán las consecuencias de lugar a las personas que participaron de ellos.

Explicó, además, que para su impugnación de parte de particulares, se debe acudir a un tribunal de primera instancia y no a la Suprema Corte de Justicia ni al Tribunal Colegiado donde actualmente se está conociendo el caso. Esto debido a que la primera ya se desapoderó del expediente y la segunda está apoderada del juicio, y el archivo es tema de instrucción.

El pasado martes, representantes de Alianza Ciudadana depositaron ante la Pepca una solicitud para que se revisen los archivos definitivos.

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