Operación Falcón revela el nivel de implicación de políticos en el narcotráfico

Con la operación Falcón, las autoridades del Ministerio Público asestaron un nuevo golpe al narcotráfico y al lavado de activos, en un ilícito que vuelve a salpicar a figuras políticas con posiciones en el Gobierno y legisladores.

En esta ocasión sale a relucir el arresto del actual titular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fuera diputado perredeísta y luego pasó a formar parte del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Fue suspendido de inmediato mediante decreto.

Además, la directora general de Persecución del Ministerio Público, procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, informó que el diputado perredeísta Héctor Darío Féliz Féliz trató de transportar a un extraditable del caso de la Operación Falcón, con lo que pretendía impedir que fuera arrestado.

El legislador no fue detenido por su investidura, ya que goza de inmunidad parlamentaria. “Féliz Féliz se encuentra bajo investigación”, dijo Yeni Berenice.

Por el caso están detenidos, además de Maldonado Castro, Juan José de la Cruz Morales (El Hombre o el Don), María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli, La Princesa), Lenin Bladimir Torres Bueno, Rafael Alberto de Jesús y Marisol López Ceballo (Mary).

Además, Elva Teresa Polanco, Delfina Asunción Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanabia y Julio César Jiménez Talavera.

El grupo fue apresado en un operativo conjunto que contó con la participación de Agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, Drug Enforcement Administration), el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Unidad de Comando Especial contra Terrorismo del Ministerio de Defensa. Se realizaron más de 80 allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas, en los que participaron unos 60 fiscales, coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y más de 200 agentes de la DNCD.

El apresamiento de Maldonado Castro se produjo a escasas horas de que la Fiscalía en una corte de Florida, en los Estados Unidos solicitara aplazar para el próximo año, el juicio contra el diputado del PRM Miguel Gutiérrez Díaz, quien enfrenta cargos por narcotráfico en esa nación.

Política y narcotráfico

El involucramiento de políticos en ilícitos sacó de nuevo a la palestra la necesidad de que los partidos sean más eficientes en la depuración de sus candidatos, así como la falta de seguimiento de los organismos de inteligencia estatal a las personas involucradas en el narcotráfico.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró que ese tipo de caso refleja las debilidades de los órganos de inteligencia del Estado, al no poder detectar a tiempo las vinculaciones.

“La impresión que se tiene desde la ciudadanía es que la inteligencia dominicana no ha sido efectiva para que ella per se pueda detectar las personas que se vinculan a esas actividades ilícitas”, precisó.

Sostuvo también que los partidos deben ser más cuidadosos para evitar que personas ligadas a lo ilícito penetren a la política y obtengan candidaturas sin ser líderes a lo interno de la organización ni tener carrera política.

Lamentó que cada vez sea más frecuente que personas vinculadas al tráfico de drogas participen en la política; “la razón es que históricamente ellos utilizaban esa vía como una forma de sentirse protegidos por parte del poder político” indicó.

Castaños Guzmán sostuvo que el proceso de reforma a un conjunto de leyes, actualmente en discusión, es una magnífica oportunidad para tomar en cuenta los aspectos y situaciones que están afectando al sistema político dominicano.

“Debe llegar la hora ya, de que estas personas no sigan utilizando el sistema político con la finalidad de que les garanticen impunidad”, aseveró.

En ese tenor, el politólogo Jesús Bueno propuso que las leyes 33-18 de Partidos y Movimientos Políticos y 15-19 Orgánica de Régimen Electoral sean revisadas para que los precandidatos y candidatos sean investigados y se determine el origen de sus riquezas.

A su juicio, es tiempo de endurecer las sanciones penales para quienes incurran en delitos de lavado de activos y narcotráfico.

“Deben ser sancionados duramente cuando violen estas leyes, igualmente los principales dirigentes de los partidos que lo permitan, como también el candidato presidencial del partido que las viole, los partidos deben investigar de manera exhausta el origen de la riqueza de los aspirantes a candidatura en su posición de precandidato”, enfatizó.

¿Quién es quién?

Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, fue diputado por cuatro períodos consecutivos, en representación de la provincia El Seibo.

El 4 de marzo de 2020, fue juramentado en el PRM y mediante el decreto 467-20 del pasado 11 de septiembre de 2020 designado como director de Comunidad Digna.

José A. de la Cruz Morales, fue detenido en agosto del 2012 mientras transitaba por el peaje de la autopista Duarte en un vehículo con una nevera playera que contenía US$491,460.

En esa ocasión, la DNCD informó que días después del arresto fue favorecido con un auto de no ha lugar del juez José D. Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de Instrucción de la Provincia Santo Domingo.

En julio del 2013 fue apresado en Puerto Rico cuando intentó ingresar de manera ilegal en una yola.

En esa ocasión, la DNCD refirió que tenía antecedentes penales pendientes en Puerto Rico, de donde hacía años había sido repatriado. En marzo de 2014, José Alejandro fue arrestado en Miches, El Seibo, tras ser señalado como uno de cuatro hombres que mataron a tiros a Mairení González Salvador, de 34 años, y a Cecilio Eusebio Suero (El Muerto), de 45.

El homicidio se produjo en agosto del 2013 en Santo Cerro, La Vega, donde fue trasladado De la Cruz Morales para conocimiento de medida de coerción.

Juan J. de la Cruz Morales, en noviembre 2016 fue detenido en Puerto Rico vinculado al decomiso de 1,786 kilos de cocaína, cargamento en ese entonces catalogado como el mayor de la historia de ese país.

Juan José fue apresado junto a otros seis dominicanos, acusados por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de introducir droga desde República Dominicana.

María Olimpia Tavárez Rodríguez, en marzo de 2013, fue enviada por tres meses a la cárcel como medida de coerción, acusada del blanqueo de RD$100 millones del narcotráfico.

Según la Pepca, era novia del colombiano Huber Oswaldo Buitrago Ruiz, quien cumplió condena en República Dominicana por narcotráfico y lavado de activos.

Uno de los apresados este miércoles es un funcionario de su gobierno, el director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, a quien el mandatario suspendió de manera temporal por medio del decreto 550-21. El funcionario fue nombrado en la entidad el 11 de septiembre del año pasado (2020). No ha cumplido un año al frente de la misma.

El gobernante agregó que en la República Dominicana ya no hay vacas sagradas y “todo el que la hace la paga”.

Sostuvo que la Justicia ya se encargará de determinar los responsables y espera que la Dirección Nacional de Control de Droga (DNCD) y la Procuraduría den otros detalles de la Operación Falcón. “Ese es un compromiso sagrado que yo tengo con este país, de acabar lo que por muchas décadas, tanto en la corrupción administrativa como el crimen organizado, existió, que fue impunidad y protección”, sentenció Abinader.

El mandatario habló tras salir de la firma de un acuerdo entre el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y el seguro Senasa para brindar prótesis hecha en 3D a los necesitados.