Exsubdirector financiero de la Procuraduría creó empresa para alquilarle equipos

El exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República creó una empresa en el año 2019 la cual fue utilizada para alquilar impresoras a las fiscalías de todo el territorio nacional, afirma la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en la solicitud de medida de coerción hecha contra los implicados en la Operación Coral.

Alfredo Alexander Solano Augusto, quien según el Pepca es del círculo de confianza del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y supuesto cabecilla de una red criminal a lo interno de la institución, ya que venía de ocupar una posición gerencial en el Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana (CEI-RD), “posee vínculos directos con una de las empresas que se encargaba de suplir impresoras en alquiler en las distintas fiscalías”.

Se trata de la empresa ACBS Servicios SRL la cual fue incorporada el 24 de enero de 2019 con actividad comercial de servicios de limpieza, conservación, mantenimiento de equipos, mudanzas y acarreo, cuyos accionistas son Alberto Betances Santos y Ana Dilcia Méndez pero que tiene como gerente técnico a Alexander Solano Hernández, hijo de Solano Augusto, de 21 años de edad y cobra un salario de 50 mil pesos por la función según certificó la Tesorería de la Seguridad Social.

“El imputado Alfredo Alexander Solano Augusto en coalición de funcionario con el coimputado Jonnathan Rodríguez Imbert, realizó contratos directos con la empresa ACBS Servicios SRL, que posee como beneficiario final al mismo imputado Alfredo Alexander Solano Augusto, supliendo el alquiler y mantenimiento de los equipos de impresión que eran utilizados en varias fiscalías como San Cristóbal, Hato Mayor, Samaná, San Francisco de Macorís, Espaillat (Moca), María Trinidad Sánchez (Nagua), Procuraduría General de la República, Escuela Nacional Penitenciaria, entre otras”, refiere el expediente.

La exencargada de almacén de la Procuraduría, Rainiery Medina Sánchez, dijo durante un interrogatorio que le hicieran los fiscales, que Solano puso fondos especiales a las fiscalías para el tema de impresoras, pero “la empresa era de Solano e incluso los cartuchos los llenaba él”.

“Solano pone los fondos, pero la compañía tenía el pedido listo, a los fiscales le hacían la transferencia, pero solo podían comprarle el producto y entonces a las fiscalías les mandaban la compañía con los productos y las facturas que siempre eran con el monto de la transferencia, o quizás un poco menos”, refirió al señalar que todo eso se podía validar con las fiscalías y sus encargadas administrativas.

Otra empresa con la que Medina Sánchez vincula al exsubdirector financiero de la Procuraduría es una dedicada al manejo o construcción de pozos sépticos y que esa acción lo hacía a través de un tío.

“Solano era sumamente relacionado a la empresa Sol Grúa y los pozos sépticos los manejaba él a través de un tío”, comentó en el interrogatorio.

El Tribunal de Atención Permanente reenvió para el próximo jueves 8 de julio el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo hecha por el Procuraduría contra Jean Alain Rodríguez Sánchez; la encargada del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, Jenny Marte; el exdirector administrativo de la PGR, Jonnathan Rodríguez; la subdirectora administrativa y financiera, Altagracia Guillen; el subdirector financiero, Alfredo Solano; el exdirector del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, Javier Forteza; el exasesor Miguel José Moya, Rafael Mercedes y Empresas Desarrollo, Individuo & Organización (DIO, SRL).

El grupo de personas, entre las cuales también se encuentra el exjefe de gabinete de la PGR, Rafael Canó, quien está prófugo, se les imputa haber incurrido en los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, crímenes y delitos de alta tecnología en lo relativo a acceso ilícito, daño o alteración de datos, sabotaje, soborno y lavado de activos que estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

Las investigaciones están a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.