Aún no identifican a oficiales superiores de la Policía acusados de robar municiones para venderlas

Cinco días después de que el Ministerio de Interior y Policía anunciara que oficiales de alto rango y subalternos de la Policía Nacional conformaban una red que robaba municiones dentro de la institución para venderlas a particulares, aún no han dado a conocer los nombres de los presuntos involucrados en el acto de corrupción.

Desde que el caso salió a la luz, tanto las autoridades del ministerio como de la Policía Nacional han guardado silencio sobre la identidad de los policías involucrados y los detalles de cómo operaba la supuesta red.

Hasta ahora, solo se ha informado que el caso está en manos del Ministerio Público, que lleva a cabo la investigación y asegura que los responsables deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

A raíz del robo de municiones, el Ministerio de Interior y Policía señaló que implementará un mecanismo de supervisión conjunta con la Policía Nacional “para garantizar un manejo eficiente y seguro del inventario de equipos e insumos”.

Además, destacó a través de un comunicado de prensa que “este esfuerzo forma parte de la estrategia integral de control y transparencia en la gestión de los recursos del Estado, especialmente dentro de las instituciones de seguridad pública”.

La red

El Ministerio de Interior y Policía informó el pasado jueves 31 de octubre sobre el desmantelamiento de una red delictiva que operaba a lo interno de la Policía Nacional y que, según sus conclusiones, se dedicaba al robo de municiones de los depósitos internos con el fin de venderlas de manera particular.

El ministerio indicó en un comunicado que una investigación, liderada por los organismos de inteligencia del Estado y con el respaldo del director de la policía, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, reveló que los involucrados en estas actividades ilícitas incluyen tanto oficiales superiores de alto rango como subalternos.

La nota señala que los hallazgos de la investigación fueron remitidos al Ministerio Público para que se inicie el debido proceso legal.

"Esta acción es parte de un compromiso firme con la legalidad y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia en la República Dominicana, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos", dijo la entidad en el comunicado.