Envían a juicio de fondo a 17 acusados de borrar fichas penales a delincuentes desde Procuraduría

La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra los 17 acusados en la red criminal que borró registros de antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República a cambio de sobornos.

Los acusados, en cuya investigación se le denominó Operación Gavilán y que ahora pasan a la etapa del juicio y en la que podrían ser condenados son el exfiscalizador Luis Peña Cedeño,  Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Monbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Romanqui Alexander Dotel Medina, Yokaira Elizabeth Carmona y José Ramón Quezada Carmona. 

Así como, Antony Vicente Ferrer Monegro, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Dilcia Argentina Núñez Santos, Luis Alfredo Astacio Polanco, Katherine Franchesca Astacio Polanco, Jancely Estala Arias López, Domingo Julio Santana Sánchez y la empresa Nexcom Technology.

A través de la Operación Gavilán, el Ministerio Público desmanteló la red criminal a nivel nacional que eliminó casi 17,000 antecedentes penales.

Los fiscales adscritos a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Andrés Mena y Eduardo Velázquez, presentaron las imputaciones en contra de los encartados.

No se han mencionado fiscales involucrados

Cuando se dio a conocer la investigación, el Ministerio Público dijo que al menos "siete" procuradores fiscales estaban vinculados en la eliminación de fichas, pero no se han revelado quiénes son esos esos miembros a los que a más de un año todavía se siguen investigando.

A los criminales que benefició

Esta red benefició a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, así como a personas involucradas en la adulteración de bebidas alcohólicas y secuestros. 

De acuerdo a la acusación, la organización delictiva llegó a eliminar antecedentes, incluso, de condenados a penas de hasta 30 años de prisión.

El Ministerio Público establece que los imputados adulteraron registros penales e integraban a familiares, amigos y allegados para facilitar movimientos económicos. Además, adquirieron bienes y servicios con los fondos obtenidos de estas actividades ilícitas.