Las convenientes decisiones de jueces interinos en el país

Las decisiones de jueces interinos o suplentes han puesto en ocasiones el sistema de justicia dominicano en el ojo del huracán, lo que ha obligado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a adoptar medidas para “reducir la presencia” de esos magistrados.

Entre las sentencias que mayor ruido han producido se encuentran las que han beneficiado a procesados acusados por sicariato. Uno de ellos fue Raúl Serumberto Mota Reynoso (Vantroi), a quien en el 2010 se le atribuyeron 36 asesinatos.

En el 2005, el juez suplente Demetrio de la_Cruz Rosario fue suspendido y acusado de faltas graves, en Santiago. Esto mismo sucedió el año pasado con Robert Disla de León.

En el 2013, la jueza interina Haydeliza Ramírez Henríquez fue suspendida por liberar a  Matías Avelino Castro, un narcotraficante acusado de la muerte del periodista de La Romana, José Silvestre.

Recientemente, la jueza  suplente Ana Lee Florimón fue despojada del conocimiento del caso Calamar tras ser acusada por la Procuraduría Especializada de Prevención de la_Corrupción Administrativa, por actuar con discrecionalidad excesiva.

Caso periodista español

La decisión contra el galardonado periodista español Miguel Ángel Ordóñez, quien vive en su país y fue declarado en rebeldía por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, es el caso más reciente y escandaloso. Se produjo el 20 de febrero último. La decisión se basó en una citación a domicilio desconocido, violentando lo que había dispuesto la jueza encargada.

Ordóñez, ganador del Premio Ortega y Gasset en 1997, cuando trabajaba en la revista dominicana Rumbo, ha alertado a las autoridades europeas y españolas sobre lo que considera una resolución “absolutamente arbitraria y abusiva”, por declararlo en rebeldía sin estar debidamente citado. El juez interino, Julián Antonio Vargas Luna,  rechazó posteriormente un recurso de reconsideración al considerar que no se habían aportado nuevas pruebas y pasó por alto una certificación del consulado de la República Dominicana en Sevilla, España, dando cuenta de qué no se había citado al periodista Ordóñez.

El laureado periodista, que se alzó con el galardón por su trabajo titulado “Las cárceles, centros de muertes en la República Dominicana”, es demandado por difamación e injuria por los empresarios Abraham Hazoury y Jesús Barderas, de quienes dijo saben perfectamente dónde vive.

Representantes legales de Ordóñez mostraron a Diario Libre la certificación del Consulado de la República Dominicana en Sevilla, España, que fueron sometidas al tribunal dominicano como prueba de que el acusado no pudo ser notificado debidamente porque “no se pudo localizar en el domicilio indicado”.