Defensa de imputado en caso Medusa pide anular más de 30 pruebas

La defensa de Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, consideró este martes “Ilegales, impertinentes y obtenidas fuera del plazo otorgado por el juez” más de 30 pruebas presentadas por el Ministerio Público y pidió que sean excluidas del expediente, durante la continuación de la fase preliminar del caso Medusa.

Manuel Sierra e Ybo René Sánchez pidieron en sus conclusiones a Amauri Martínez, juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que anule dichas pruebas, en una exposición de más de 12 horas. La presentación continuará el próximo viernes 23 de febrero a las 9:00 de la mañana en la antigua Suprema Corte de Justica del Centro de los Héroes.

"Esta es la única acusación que debe estar en los récord guinness con 12,274 páginas, pero al final esto no es más que muchos documentos que nisiquiera son vinculantes", refirió Sierra.

En este tramo de la jornada judicial se realiza el juicio a la acusación y a las pruebas, luego de que hace varias semanas concluyó la lectura completa del expediente Medusa por parte del órgano acusador.

Entre las pruebas que tiene el Ministerio Público contra Solano Augusto, está una reclusa de nombre Rainieri Medina Sánchez, que según los abogados defensores, ha sido sacada de la cárcel para que atestigüe contra su defendido "a condición de reducir la pena que purga".

Asimismo, piden que se excluya a Rafael Stefano Canó Sacco, exdirector ejecutivo de la Procuraduría General de la República, que según los abogados, es el testigo estrella del Ministerio Público contra Solano Augusto y otros vinculados a la supuesta red de corrupción desmantelada mediante la Operación Medusa, pero que por estar "prófugo" y fuera del país, entienden no puede ser testigo. 

"Aún estando fuera del país, lo han interrogado y lo quieren convertir en una especie de confesor o delator eficaz", aseguró Sierra, y dijo que esta prueba es ilegal.

También piden la exclusión de más de 20 peritajes que son utilizados como pruebas, pero que a juicio de los abogados de Rafael Augusto Solano, fueron realizados por empleados de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

Caso Medusa 

Según lo planteado por el expediente acusatorio, Jean Alain Rodríguez, encabezó una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República de 2016 a 2020 que estafó al Estado con más de 6,000 millones de pesos. El caso Medusa está en los tribunales desde mayo del año 2021.

En este proceso el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

El órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.