Jean Alain aprovecha permiso para anunciar decisión de la ONU a su favor

Ex exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aprovechó este miércoles el permiso que le otorgó la corte para trabajar en su oficina, para realizar una rueda de prensa en la cual anunció que un grupo de derechos humanos de la ONU acogió su denuncia y calificó de arbitrario su apresamiento, el que actualmente está en la modalidad de arresto domiciliario tras ser acusado de corrupción.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acogió un pedido de Rodríguez y llamó al Gobierno dominicano a adoptar las medidas necesarias para "remediar la situación" del exfuncionario "sin dilación", así como a respetar las normas internacionales a las que el país está suscrito.

 

El organismo, al cual cualquier individuo puede someter una queja si entiende que hay violación de los derechos humanos, agrega que “el remedio adecuado sería poner al Sr. Rodríguez Sánchez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.

La decisión del organismo está contenida en la "opinión número 46/2023”, en su 97° período de sesiones, del 28 de agosto a 1 de septiembre de 2023, en la que conoció la denuncia hecha hace un año por los abogados de Jean Alain Rodríguez. Diario Libre accedió a los registros del organismo y constató que el documento presentado hoy por Rodríguez y su defensa es legítimo.

La medida fue dada a conocer por el propio exprocurador, quien cumple actualmente prisión domiciliaria y utiliza grillete electrónico. El exfuncionario también tiene, además de los miércoles, permiso para trabajar los jueves desde su oficina en la torre Solazar, localizada en la avenida Gustavo Mejía Ricart, en Naco.

Insta al Gobierno a investigar “responsables”

La decisión del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta al Gobierno dominicano a realizar "una investigación exhaustiva" y establecer responsabilidades en contra de "los responsables de la violación de los derechos" de Jean Alain Rodríguez y resarcir económicamente al exfuncionario. 

Las irregularidades que denunció Jean Alain

El Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria concluyó, para emitir su "opinión", que cuando se detuvo al exfuncionario el 29 de junio del 2021 , "si bien hubo una orden de arresto emitida en contra del Sr. Rodríguez Sánchez antes de su arresto el 29 de junio de 2021 -el Gobierno en su respuesta tardía manifestó que dicha orden sí existía-, no se le notificó debidamente esta orden de arresto ni se le explicaron las razones de su arresto en el momento en que este se produjo, lo que viola el primer elemento del artículo 9, párrfo 2, del Pacto.

Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se ha violado el artículo 9, párrafo 2, del Pacto y el principio 7 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal", opina.

Entre las irregularidades que denunció la defensa de Jean Alain al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es que el 24 de junio de 2021, Jean Alain Rodríguez “se dispuso a salir de la República Dominicana en un viaje de cuatro días. Sin embargo, el despegue del avión fue suspendido y se informó a los pasajeros de que por una falla técnica deberían desembarcar y esperar una nueva aeronave".

Y que "luego de varias horas de espera, Rodríguez fue informado por un oficial del Departamento Nacional de Investigaciones de que no podía salir del país por instrucciones de la Procuraduría General de la República sin haber una orden judicial".

Cuatro días después, menciona que "la nueva procuradora general, Miriam Germán Brito “admitió la grave violación de derechos fundamentales en contra del Sr. Rodríguez Sánchez, en lo que calificó como un 'atropello'”.

Rodríguez insistía en ese entonces ser víctima de una persecución, reiteró estar a disposición de las autoridades y afirmó no haber sido informado de una investigación en su contra.

Asimismo, que, “a petición de la Procuraduría General, se practicó un registro de su vivienda e incluso se intervino el hogar de habitación de otros miembros de su familia, en un acto desproporcionado. Pese a ello, el Sr. Rodríguez Sánchez, no recibió notificación de la existencia de una investigación en su contra ni citación para comparecer ante la Procuraduría”.

Describe que la intervención en su vivienda se hizo “luego de que el Sr. Rodríguez Sánchez realizase tal denuncia pública, ese 28 de junio, de que se le investigaba sin habérsele informado".

País se arriesga a una sanción, según el acusado

El exprocurador Jean Alain Rodríguez, dijo esperar que se acate la decision, y que el Grupo llama "Opinión núm. 46/2023", porque no ejecutarla "tiene consecuencias en el país”, lo que, asegura, podría genera inseguridad jurídica, entre otras secuelas negativas.

“El país no lo va a permitir, el Gobierno no haría algo así”, dijo el ex máximo representante del Ministerio Público desde el 2016 al 2020, al referirse que las autoridades no se arriesgarían a no acatar el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Aseguró también que no huirá del país en caso de ser favorecido con la libertad, por lo que asistirá a todo el proceso judicial que se lleva a cabo en su contra por supuesta corrupción, cuya investigación se ha nombrado Operación Medusa.

 Sus abogados sostienen que el país sería sancionado con la expulsión del Consejo de Derechos Humanos de no ejecutar la medida, de que se disponga su libertad..

Gustavo Biaggi, otro de los representantes legales de Rodríguez, sostuvo que confía en que el presidente Luis Abinader va acatarla la tramitará a los órganos correspondientes para que se produzca “el cese de lo ilegal” que, afirmase ha cometido en contra de su cliente.

Cuestionó que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva en la mayoría de los casos cuando esta medida debe ser la excepción, según la Constitución de la República.