Ministerio Público completa el 60.7 % de lectura del expediente del caso Medusa

El Ministerio Público arribó la noche de este martes a la lectura de la página número 7,704, equivalente al 60.7 % de las 12,274 que tiene el expediente contra las 41 personas y 22 empresas acusadas de desfalco en el caso Medusa.

En la jornada de hoy se leyeron 453 páginas, monto más del promedio, puesto que algunos de los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal acusado, estaban ausentes. Estos son los que suelen presentar más incidentes ante el juzgado.

A las 9:26 de la noche, el juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, interrumpió la lectura y recesó la audiencia para el viernes 20 de octubre a las 9:00 de la mañana.

Para agilizar la lectura, la cual comenzó el pasado 10 de junio, los fiscales hacen turno de dos horas, mientras que en la sala, la gente duerme, chatea, come, van al baño y viola el protocolo del silencio, por lo que la secretaria hoy llamó la atención en cinco ocasiones.

Lectura de este martes

La jornada estuvo fijada en las supuestas irregularidades montadas con las empresas suplidoras de alimentos en rencintos penitenciarios durante la gestión de Rodríguez. 

Los fiscales citaron que el cuñado del exprocurador, Rolando Sebelén Torres, recibió contratos ilícitos para suministro de alimentos a las prisiones.

En ese mismo esquema participaron, según el Ministerio Público, José Estrada y César Nicolás Rizik, cuyas empresas fueron ganadoras de forma irregular.

Acusación caso Medusa

Entre los demás acusados, además de Rodríguez, están Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

También, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.

El Ministerio Público los acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa por más de RD$6,000 millones, a través de una supuesta red corrupta que operó a lo interno de la Procuraduría.