Pide al Ministerio Público investigar a Surún Hernández por presunta corrupción

El abogado Mario Furcal hizo este lunes un llamado al Ministerio Público para que investigue al presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, a quien acusa de cometer diversos crímenes, delitos y actos de corrupción.

Aseguró que, bajo la dirección de Surún Hernández, el CARD, que debería ser una entidad estrictamente gremial, se ha convertido en una asociación de malhechores, lo cual está tipificado como crimen en los artículos 265, 266 y 267 del Código Penal.

"Surún Hernández se ha dedicado a instrumentalizar el Colegio de Abogados para realizar prácticas corruptas, como la venta de acusaciones y sentencias disciplinarias falsas, como ha ocurrido con numerosos abogados que han sido arbitrariamente condenados por el Tribunal Disciplinario, un instrumento subordinado a Surún", expresó Furcal en una nota de prensa enviada a Diario Libre.

Furcal también denunció que Surún Hernández adquirió cinco inmuebles por un valor de 119 millones de pesos en la provincia de La Altagracia (Higüey), supuestamente para su uso personal. Además, afirmó que Surún Hernández ha realizado conferencias y diplomados para encubrir un desfalco de aproximadamente 300 millones de pesos.

El abogado también reveló que Surún Hernández tiene una compañía offshore en Panamá, un paraíso fiscal conocido por los "Papeles de Panamá". Además, cuestionó el costo de cuatro millones de pesos que supuestamente tuvo un stand del CARD en una Feria del Libro.

Furcal señaló que la negativa de Surún Hernández a permitir una auditoría de su gestión por parte de la Cámara de Cuentas se debe a su presunto temor de que se descubra la corrupción en la que ha estado involucrado. También manifestó que Surún Hernández ha utilizado el Colegio de Abogados como instrumento de presión, como en el caso de la abogada Anibel González en San Pedro de Macorís, donde supuestamente llevó a un grupo de abogados a vociferar consignas en el salón de audiencias del Palacio de Justicia para presionar al tribunal y lograr la libertad bajo fianza de su esposo agresor, quien posteriormente asesinó a Anibel González.