Acusados de corrupción: unos esperan juicio de fondo y otros batallan por no llegar ahí

La mayoría de los más de 150 acusados, entre personas físicas y jurídicas, de apropiarse del dinero del Estado en los últimos ocho años de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) luchan en los tribunales por evitar llegar al juicio de fondo, etapa a la que deberán enfrentarse en los próximos días los más de 40 señalados en Operación Antipulpo, que encabezan dos hermanos del expresidente Danilo Medina y que concluirá, posiblemente, con una sentencia condenatoria.

Hasta el pasado mes de febrero, los exfuncionarios y sus familiares, policías y miembros de diferentes instituciones castrenses que se vinculan en los crímenes de sobornos, prevaricación y asociación de malhechores, con fines de sustraer los recursos de los contribuyentes, se mencionaban en tres voluminosos expedientes, que son Antipulpo, Coral y Medusa, a los que se suman los de Operación Calamar, este último que inició con los allanamientos de la madrugada del sábado 18 de marzo.

En los cuatro grandes casos, incluido Calamar, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la estafa al Estado asciende entre los 34,000 y 40,000 millones de pesos.

En Operación 13, sobre el fraude en la Lotería, en la sentencia que descargó de responsabilidad al exadministrador de esa insitución y condenó a otros ocho acusados, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado consideraron que el Estado no fue estafado, aunque sí se le hizo un "daño moral" a la Lotería.

Los de Antipulpo se enfrentan a juicio de fondo

En Antipulpo, el primer escándalo de malversación destapado por el Ministerio Público, liderado por la procuradora general Miriam Germán, se espera que la Presidencia de la Cámara Penal de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Nacional apodere en lo inmediato el tribunal que conocerá el juicio de fondo a 22 de las 26 personas físicas sometidas, así como a las empresas involucradas.

Los primeros condenados

Se recuerda que en la etapa preliminar del caso, cuyos principales acusados son Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, en un juicio penal abreviado, después de acuerdos con el órgano persecutor y homologado por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, Deiby Timoteo Peguero Jiménez, dos de los imputados fueron condenados a cinco años bajo la modalidad que convinieron con los fiscales, a otro imputado, Domingo Antonio Santiago Muñoz, se favoreció con el criterio de oportunidad y a un cuarto, Lewyn Ariel Castillo Robles, se le suspendió de manera condicional el proceso.

Los condenados fueron el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, y Juan Esteban Suriel Suazo, este último admitió ser socio de varias empresas de Juan Alexis Medina Sánchez y fue acusado de prestar su nombre como testaferro.

La cantidad de procesados por este supuesto entramado ascienden a 48, con el que se habría estafado al Estado con más de 5,000 millones.

El supuesto fraude cometido por la red se produjo, según la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) en las dos gestiones consecutivas del expresidente Danilo Medina (2012-2020), a través de licitaciones que señala como irregulares en las que se seleccionaban las empresas de Alexis Medina para suplir de equipos hospitalarios, medicamentos, combustibles y hasta cemento asfáltico (AC-30).

“Las acciones delictivas de sustracción de fondos de la organización criminal afectaron el sistema de salud pública, la educación, la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, el sistema de energía eléctrico (a través de EdeEste y la UERS), la seguridad vial” y las elecciones nacionales del 2016 y 2020 a través “de financiamiento ilícito de las campañas electorales con los fondos de las empresas reformadas (Fonper), afirma el Ministerio Público en su acusación.

Operación Coral, casi finaliza su preliminar

En este caso de corrupción en el que se vincula a altos oficiales policías y militares y sus parientes, dirigidos por los exjefes de los cuerpos de Seguridad Presidencial (Cusep) y Especializado de Seguridad Turísticas (Cestur), Adán Cáceres Silvestre, Julio de los Santos Viola y Juan Carlos Robiou, se encuentra casi concluyendo el juicio preliminar o de las pruebas.

El expediente contiene también 48 acusados, 30 personas físicas y 18 empresas. Se encuentra actualmente en la exposición de los alegatos de la defensa de los acusados.

Según el abogado del Estado, José Alberto Ortiz, para el próximo lunes 10 presentan sus defensas la pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Flete, Kelman Santana Martínez, así como las empresas Único Real State, y Hacienda Kelman.

El viernes 14 y lunes 17, le corresponderá a las barras de Adán Cáceres Silvestre y la Asociación Campesina Madre Tierra, así como al Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve.

Si hay elementos que produzcan posible condena

Después de que se concluya con la defensa de los imputados, sigue la réplica del Ministerio Público y luego la de los encartados para que la jueza Yanibet Rivas, del Séptimo Juzgado de Instrucción, pronuncie su fallo, de si los sometidos deberán enfrentar un juicio de fondo, que para ello debe considerar que “la acusación tiene fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una condena”, indica el Código Procesal Penal, o, de lo contrario, los elementos de pruebas presentados por el órgano acusador son insuficientes para fundamentar su acusación, por lo que rechazaría su solicitud de envío a juicio y se extinguiría el caso penal para los acusados.

A la red se le atribuye abultar la nómina del Cusep y el Cestur para apropiarse del 70 por ciento del salario de los policías y militares contratados. En las irregularides administrativa se incluye incluso al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conani), durante la gestión de Greybby María Cuello Coste de Torres, esposa de Robiou, pero que no fue acusada por la Pepca, pese a que se citó en la imputación. 

Caso de exprocurador Jean Alain

Con tres intentos fallidos, el juicio preliminar de Operación Medusa, cuyo principal imputado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez, no ha podido iniciar. La última vez, como en las dos anteriores, las partes acusadas solicitaron nuevos plazos para que el Ministerio Público les entregue documentos para preparar sus defensas.

En ese sentido, en una audiencia que se extendió hasta casi las 3:00 de la mañana, el juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, postergó para el 28 de abril el conocimiento del juicio preliminar. Otorgó un plazo de 20 días a las partes que solicitaron los documentos y preparar sus defensas, y 2 días al Ministerio Público para entregárselos.

En esa audiencia, celebrada el 24 de febrero, el Estado dominicano sometió otras empresas que se suman a las 22 que se mencionaban en el expediente, que incluye 41 personas físicas.

En ese caso de corrupción se le atribuye a Jean Alain Rodríguez distraer fondos y equipos de la Procuraduría. Junto a los empleados de su confianza en la entidad habría malversado más de 6,000 millones de pesos.

Operación Calamar

Operación Calamar es el más reciente caso sometido en los tribunales dominicanos por dolo en la administración pública y entre los cuales se señala a los más importantes funcionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina: el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el de Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quienes empezaron en Semana Santa a purgar la coerción de prisión preventiva de 18 meses en el centro de corrección Najayo-Hombre.

En este expediente, que se incluye al exdirector del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, así como varios abogados, entre ellos Ángel Lockward, que anteriormente había sido sometido por corrupción, se distrajo más de 19,000 millones de las arcas públicas en la compra de terrenos y en la extorsión de bancas de loterías.

El total de involucrados son 20 personas quienes tienen todas medidas de coerción, principalmente arresto domiciliario.

¿Qué viene ahora?

El próximo paso del Ministerio Público en Operación Calamar es someter la acusación formal en contra de todos los imputados o archivar el proceso penal. El artículo 150 de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal contempla un plazo de “tres meses” para que el Ministerio Público pueda concluir la investigación de los procesos que somete a la justicia y presentar la acusación de la investigación, “si contra el imputado se ha dictado prisión preventiva o arresto domiciliario”.

El mencionado artículo agrega que “si no ha transcurrido el plazo del procedimiento preparatorio y el ministerio público justifica la necesidad de una prórroga para presentar la acusación, puede solicitarla por única vez al juez, quien resuelve, después de dar al imputado la oportunidad de manifestarse al respecto. La prórroga no puede superar los dos meses, sin que ello signifique una ampliación del plazo máximo de duración del proceso”.

Estos plazos son los que empezaron a correr luego de dictarse la coerción a los encartados en Calamar.