Jorge Prats rechaza actuaciones violentas de manifestantes por el 30 % de AFP

El jurista Eduardo Jorge Prats criticó la actuación de los manifestantes que exigen la entrega anticipada del 30 % de los fondos de pensiones quienes, el pasado miércoles, lanzaron piedras y otros objetos contra los vehículos de legisladores frente al Congreso Nacional.

De acuerdo con un comunicado, Prats explicó que los derechos fundamentales “no son absolutos” y deben ejercerse en observancia de los requisitos establecidos por el constituyente.

Explicó que las personas tienen derecho a reunirse libremente para manifestar, pero que dicho ejercicio está condicionado a la licitud de sus fines y al carácter pacífico de la reunión, como establece el artículo 48 de la Constitución.

“Los hechos vandálicos y violentos, como los que ocurrieron ayer (el miércoles) por parte de los manifestantes que reclaman el 30 % de los fondos de pensiones escapan de la protección constitucional otorgada por el derecho fundamental a la libertad de reunión, de modo que las autoridades pueden prohibir este tipo de manifestaciones públicas, tal y como lo establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Plattform Artze fur das Leben, 21 de junio de 1988) y, en consecuencia, perseguir a sus responsables”, dijo.

Agregó que el Congreso Nacional es un órgano deliberativo que debe cumplir con sus funciones constitucionales sin temor a ser agredidos o perseguido por sus decisiones.

Continuó: “El Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para evitar manifestaciones públicas que desbordan el ámbito de protección constitucional y que representan una grave peligro para el principio de representación democrática, al ser actos absolutamente vandálicos y violentos”.

Jorge Prats instó a las autoridades a investigar y sancionar a quienes resulten los culpables de los hechos contra el Congreso Nacional y los senadores, incluso si ostenten la función de legislador, y a dar seguridad a los legisladores frente a cualquier tipo de coacción física o moral, para que así haya una libre y democrática deliberación de los cuerpos legislativos respecto al tema de la seguridad social sin interferencia, presión ni coacción de ningún tipo.