EEUU condena “intimidación” contra periodistas en Nicaragua

MANAGUA (AP) — Funcionarios del gobierno de Estados Unidos condenaron el miércoles las amenazas de muerte recibidas en la última semana por el periodista nicaragüense Gerall Chávez, exiliado en Costa Rica, por parte de presuntos operadores políticos del gobierno de Daniel Ortega.

También en días recientes, la emisora independiente Radio Darío, de la ciudad de León —al occidente— sufrió el asedio de elementos paramilitares y policías durante nueve horas consecutivas, según denunció en las redes sociales su director, Aníbal Toruño.

“Condenamos los últimos esfuerzos del régimen de Ortega para intimidar a los medios de comunicación independientes nicaragüenses en León y en otros lugares. Los valientes periodistas nicaragüenses han demostrado que continuarán diciendo las feas verdades que el régimen quiere ocultar tan desesperadamente”, declaró vía Twitter Michael G. Kozak, secretario adjunto en funciones de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

También se pronunció John Barsa, administrador en funciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), quien tuiteó: “condenamos la represión de Ortega contra los medios independientes nicaragüenses, incluyendo a Radio Darío, e instamos a la comunidad internacional a continuar apoyando a la sociedad civil en sus esfuerzos por restaurar el orden democrático y el estado de Derecho en Nicaragua”.

El periodista nicaragüense Gerall Chávez denunció el domingo pasado desde Managua que recibió una carta anónima y un video con su imagen, cuyos emisarios simulaban una decapitación. Chávez, reportero del medio digital “Nicaragua Actual”, dijo que la carta fue enviada a su casa en la localidad de El Rosario, al sur capitalino, donde viven sus padres y otros familiares. La carta iba dentro de un sobre que también contenía una memoria USB con el citado video.

Amenazas como “ya tenés ganado tu lugar en el panteón de El Rosario”, “te vamos a cortar la lengua”, o “regresa y te aseguramos que no vas a dilatar vivo”, acompañadas de epítetos soeces, se leen en el mensaje anónimo que el periodista divulgó en sus redes sociales y que incluye también advertencias contra sus familiares cercanos.

La policía no se ha pronunciado sobre esa amenaza ni ha informado si procederán a investigar el caso.

“Dejo constancia de cualquier cosa que le pase a mi familia. Responsabilizo a los operarios políticos de Ortega en mi municipio” de El Rosario, situado a unos 50 kilómetros de la capital, indicó Chávez.

La intimidación al periodista generó reacciones de condena de PEN Internacional filial Nicaragua, de la Fundación Violeta Chamorro y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que en un comunicado instó al gobierno de Ortega investigar pronta y exhaustivamente las amenazas enviadas a Chávez y a su familia, y garantizar su seguridad.

“Es inaceptable que, incluso después de haberse visto obligado a marchar al exilio, el periodista Gerall Chávez continúe recibiendo amenazas por su labor, y que ahora su familia en Nicaragua sea objetivo también”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York.

También se pronunció la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas: “Esos actos buscan silenciar y mandar un escalofriante mensaje a quienes defienden el derecho a informar y garantizar el derecho a la información”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, condenó las amenazas a Chávez y dijo a través de Twitter que “el Estado sabe claramente el riesgo que corren el periodista y su familia. Tienen la obligación internacional de investigar y proteger”.

Gerall Chávez marchó al exilio junto a decenas de periodistas más que fueron amenazados tras la revuelta social de abril de 2018 en Nicaragua, donde centenares de personas murieron al enfrentarse con la policía y fuerzas paramilitares al servicio del gobierno. Más de 2.000 personas resultaron heridas, más de 700 detenidas y unas 88.000 exiliadas y desplazadas en el marco de la crisis política, según la CIDH.