El Informe con Alicia Ortega dice que Ética Gubernamental investigó “lo que Gonzalo quería”

La producción del programa televisivo El Informe con Alicia Ortega denunció este miércoles que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) “investigó lo que Gonzalo Castillo quería que se investigara y, al parecer, poco de lo revelado” en el programa.

La producción se refiere a la emisión de un programa en el cual denunció la contratación de más de 11,500 millones de pesos en hormigón asfáltico caliente para la pavimentación de miles de kilómetros durante seis meses, antes de las elecciones primarias que celebró el Partido de la Liberación Dominicana en octubre pasado.

El Informe con Alicia Ortega se transmite los lunes a las 9:00 por Color Visión, canal 9.

“La minuciosa investigación que realizamos durante dos meses y presentamos en noviembre del año pasado tuvo como eje los mecanismos que utilizó el Ministerio de Obras Públicas para escoger a las empresas beneficiadas”, dijo en una nota de prensa.

Agregó que El Informe reveló que, mediante siete procesos de compras por excepción, que Obras Públicas contrató a 38 empresas que estaban preaprobadas con montos de 300 millones de pesos cada una, entre abril y septiembre del año pasado, con algunos de estos procesos pre-aprobados el mismo día en que el ministro renunció a su cargo para dedicarse a la campaña electoral.

“Nuestra investigación, realizada de la mano de abogados, expertos en compras y contrataciones, indicaba que este tipo de compras era imposible realizarla por excepción, utilizando el renglón de exclusividad, porque la ley indica que solo se aplica si hay un número limitado de oferentes y en este caso, encontramos por lo menos 45 empresas que suplían el producto”, indica el documento de El Informe con Alicia Ortega.

La producción se quejó de que hoy, la Dirección General de Ética responde, mediante una carta, a Castillo, publicada en la página web de la institución, sobre la solicitud que el candidato le hiciera a esa institución para que investigara las irregularidades presentadas.

“Qué lamentable que solo dos de los siete puntos mencionados por la dirección formaron parte de nuestra investigación de El Informe. En el más importante, precisamente en lo relativo a los procesos por excepción, dice: ‘Somos de consideración que es competencia de la Dirección General de Contrataciones Publicas, determinar si los mismos fueron llevados según lo que establecen las normativas en la materia, añadiendo que no ha recibido la resolución solicitada a Compras y Contrataciones sobre los procesos denunciados, por tanto, corresponde dejar ese punto para que el órgano rector decida sobre el mismo’”, manifiestó.

Planteó que en su misiva, la Dirección de Ética dice que no se pudo comprobar que haya vinculación entre las empresas contratadas y Gonzalo Castillo, “pero eso nunca fue afirmado por El Informe, de manera que no asumimos como un desmentido”.

“Tampoco presentamos una supuesta distracción de los 11 mil 500 millones de pesos a beneficio de la campaña electoral de ex ministro de Obras Públicas. Es otro enfoque que no nos concierne como responsables de la pieza periodística que presentamos”, agrega la producción del programa.

“La gran interrogante sigue siendo cómo Obras Públicas, meses antes de una contienda electoral, concede por exclusividad, 11 mil 500 millones en hormigón asfaltico caliente, cuando la ley claramente indica que esos procesos tienen que ser licitados y las empresas beneficiadas incluían a personas allegadas a su campaña electoral. Quedará en manos de las próximas autoridades una investigación más transparente, profesional y sobre todo revestida de ética”, subraya la nota.

La versión de la Digeig

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) dijo este miércoles que no encontró vínculos entre las empresas contratadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) para proveer hormigón asfáltico caliente (HAC) y Gonzalo Castillo, exministro de esa institución.

Esa es una de las conclusiones de la investigación que realizó Digeig a solicitud de Castillo, el pasado 21 de noviembre de 2019, tras la investigación que realizó la periodista Alicia Ortega, del programa El Informe, sobre supuestos contratos irregulares en el MOPC en la adjudicación de 11,500,000,000 de pesos, en seis meses.

Ortega apuntó, en la publicación, que miles de millones de pesos en adjudicación se hicieron antes de la celebración de las primarias abiertas del PLD, en la cual Castillo participó y resultó ganador, siendo el candidato presidencial de ese partido.

La Digeig explicó que, para determinar que Castillo no violentó la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en su artículo 14 sobre quiénes no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado, se analizó cada una de las documentaciones remitidas por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y los registros mercantiles de las empresas contratadas.

En relación a si el MOPC cumplió con la citada ley sobre los procesos de excepción para la compra de suministro de HAC, la Digeig apuntó que esto es competencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) determinarlo.

Señaló que, a la fecha, no ha recibido la resolución solicitada a la DGCP sobre los procesos denunciados.

Sobre la supuesta distracción de los 11,500,000,000 de pesos en beneficio de la campaña electoral de Castillo, la Digeig dijo que, “a la fecha de recepción de los estados económicos del MOPC, solo se ha facturado el 55.35 %, del cual se ha pagado el 49.23 % del monto total contratado”.

Además, que, en los estados económicos, se observó que seis de las empresas contratadas aún no habían recibido ninguna remuneración, al no haber presentado facturas ni cubicaciones.

En tanto a los 70 kilómetros de producto lineal señalados en la denuncia, que eran parte de los requerimientos para la contratación de las empresas, la Digeig apuntó que el Ministerio de Obras Públicas explicó que esos kilómetros no se referían a la cantidad de producto contratado, sino que las empresas debían estar ubicadas dentro de una ratio de 70 kilómetros del lugar donde sería realizada la obra, a los fines de eficientizar los gastos de traslado.