Juez español determina que Pedro Sánchez debe declarar en persona en caso contra su esposa
Un juez rechazó el viernes que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, declare por escrito en la investigación contra su esposa Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias
AFP
Un juez rechazó este viernes que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declare por escrito en la investigación contra su esposa Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, y ratificó que debe hacerlo en persona el próximo martes.
El juez Juan Carlos Peinado respondió así a un escrito que le envió el miércoles el mandatario socialista, en el que mostró su voluntad de "colaborar" con la justicia, pero alegó que en tanto presidente del Gobierno podía testificar por escrito.
Pero Peinado afirmó, en un documento judicial al que tuvo acceso la AFP, que lo cita como testigo en calidad de esposo de la investigada y no por su cargo y la declaración debe realizarse de forma presencial.
De todas maneras, concluye el juez, Sánchez puede declarar posteriormente por escrito sobre "hechos relevantes de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo".
Peinado tiene previsto ir el martes en la mañana al palacio de Moncloa, la sede del gobierno, para tomar la declaración de Sánchez.
Sánchez, quien siempre ha defendido la inocencia de su esposa, puede de todas maneras negarse a declarar, ya que en España la ley establece que una persona no está obligada a testificar contra su cónyuge.
Gómez, especializada en la recaudación de fondos, sobre todo para fundaciones y oenegés, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también está investigado.
El viernes pasado, Gómez, que considera que la causa "carece de objeto alguno", se acogió a su derecho a no declarar ante el juez.
Barrabés admitió haberse reunido con la esposa de Sánchez cinco o seis veces en la Moncloa, dos de ellas en presencia del presidente del gobierno, pero dijo que se limitaron a tratar temas de innovación.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, que reconoció haberse basado exclusivamente en artículos de prensa.
Peinado, un juez de 69 años que ha instruido otras causas polémicas anteriormente, ha seguido adelante con la investigación, pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que ha pedido el archivo del expediente.
Mientras el Ejecutivo tacha la investigación de "causa política alentada por la derecha y por la ultraderecha" para "erosionar al Gobierno progresista", la oposición de derecha pide la dimisión de Sánchez por este caso.
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