Tambores de guerra

En nuestro artículo anterior analizamos la especie de "revolución constitucional" que inició dentro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos a partir de la consolidación de una súper mayoría de jueces conservadores. También vimos cómo la corte Roberts ha venido moldeando una nueva realidad a través de la derogación de anteriores precedentes, o el establecimiento de nuevos, con impacto en lo social, político y económico.

Esto no requiere necesariamente de la acción directa del poder ejecutivo federal, pues la estructura de gobierno federal de los Estados Unidos, junto a la jurisdicción que el artículo III de la Constitución otorga a la Suprema Corte de Justicia para ser el árbitro final en las controversias que involucran una cuestión federal o constitucional, permiten que la legislatura de cualquier estado pueda ser el puntapié de una futura decisión que termine sentando precedente al más alto nivel.

Esto tampoco significa que da igual tener o no todo el viento soplando a favor. Por el contrario, contar con los diferentes poderes del Estado alineados en una misma sintonía política, y tener poca resistencia del bando contrario, ayuda a que los objetivos de políticas públicas puedan lograrse más rápido y con menor costo político. No obstante, es preciso señalar que en cuanto al poder judicial siempre existirá la independencia de razonamiento con la que el juez actúa, aunque muchas veces las decisiones cerradas demuestran que, parecido a como ocurre en el Congreso, cada uno decide motivado por su criterio ideológico.

El presidente Trump inició su segundo período constitucional con una batería de órdenes ejecutivas, memorandos y proclamas sin precedente alguno. Solamente en su primer día como presidente suscribió cuarenta y dos de estas, y se especula que, tomando en cuenta todos los tipos de acciones ejecutivas posibles, suscribió más de doscientas solo en su primera semana en el poder. Esto es una demostración a prima facie de que el estilo de su segunda presidencia estará marcado por el pragmatismo, el poco consenso a priori y su acostumbrada costumbre de probar los límites de la Constitución. Esto significa que al final, las cortes serán las únicas que definirán qué tanto se podrá convertir en realidad el plan de Hacer a América Grande de Nuevo®.

Y no es para menos, las órdenes ejecutivas del presidente Trump abarcan casi todo el espectro de la acción gubernamental. Iniciando con el establecimiento de aranceles a China, México y Canadá, y continuando con la derogación de medidas de protección medioambiental, salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), traslado de inmigrantes a Guantánamo, cese de financiamiento público a terapias de cambio de sexo en menores de edad, eliminación de toda política orientada a reconocer más de dos géneros, desclasificación de los archivos relativos a los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King Jr., revisión de todas las trabas regulatorias al desarrollo de la inteligencia artificial, reclasificación de las categorías de empleados federales para facilitar su remoción, declaración de emergencia en la frontera sur, renombramiento del Golfo de México y el Monte Denali en Alaska, e indultos a más de mil quinientos acusados y condenados por los actos del 6 de enero de 2021, entre otras muchas medidas más, demuestran que la reforma al andamiaje legal que sostuvo parte del sello característico del gobierno de Biden, entre otras realidades que datan al menos del siglo XVI, son de amplio impacto y ponen a prueba el alcance de las facultades otorgadas al poder ejecutivo a través del artículo II de la Constitución.

Pero sin dudas, la más importante de todas, sobre todo por su amplio impacto en la vida de las generaciones futuras, es la establecida en la orden ejecutiva del pasado 20 de enero, que busca eliminar el derecho a la nacionalidad estadounidense a aquellas personas nacidas de ambos padres en estatus migratorio irregular, y en aquellos donde al momento del nacimiento la madre se encontraba legalmente en territorio estadounidense, pero bajo un régimen migratorio temporal.

Esta medida llevó a que una coalición de estados demócratas y entidades de la sociedad civil interpusieran acciones de inconstitucionalidad ante las cortes federales del primer y noveno circuito, conocidas por sus fallos liberales y tener una mayoría de jueces nominados por presidentes demócratas. Como resultado, un juez federal del Distrito Occidental del estado de Washington detuvo temporalmente la ejecución de la orden ejecutiva, lo cual puede dar una idea de que la misma será declarada inconstitucional por esa corte de primera instancia, ya que, para lograr una restricción temporal en materia federal, se necesita primero demostrar una alta probabilidad de éxito en cuanto al fondo de la demanda.

Sin embargo, no todo es color de rosas, y la cuestión de si el derecho a la nacionalidad de personas nacidas de ambos padres indocumentados en suelo estadounidense es una prerrogativa que el presidente puede decidir mediante orden ejecutiva no es tan simple como parece ser. Esto porque, como muchos otros aspectos de la Constitución, no existe una disposición tácita o expresa en el texto constitucional para lidiar con esta situación particular, sino que la misma es fruto de la interpretación y el precedente constitucional.

Para ser más exactos, la cláusula de la nacionalidad, ubicada en la primera sección de la Décimo Cuarta Enmienda, establece de forma general la fórmula de que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado donde residen. Justamente, siendo la expresión "y sujetas a su jurisdicción" donde ha recaído el punto central del debate.

Inicialmente, la Suprema Corte de Justicia zanjó la cuestión sobre el significado de esta expresión en United States v. Wong Kim Ark (1898), un caso donde un ciudadano nacido en la ciudad de San Francisco de padres de nacionalidad china entre 1868 y 1873, le fue negado el reingreso a los Estados Unidos en 1895 bajo el alegato de que este, a pesar de haber nacido en ese país, supuestamente no era ciudadano estadounidense por la nacionalidad foránea de sus padres. El caso puso en conflicto dos interpretaciones distintas de la citada expresión.

Por un lado, la que establece que conforme al derecho anglosajón esta comprende la subordinación del foráneo a obedecer las leyes del país donde se encuentra (apegada al principio de jus soli), y por el otro, una basada en el derecho internacional donde la expresión significa estar sujeto a la jurisdicción política del país en cuestión (apegada al principio de jus sanguinis).

Eventualmente, la Suprema Corte de Justicia se decantó por la primera interpretación, decidiendo por una mayoría de seis jueces contra dos que la expresión "sujetas a su jurisdicción" incluía virtualmente a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, excluyendo únicamente a los nacidos de diplomáticos y gobernantes extranjeros, los nacidos en naves extranjeras, los hijos de fuerzas enemigas en ocupación hostil de territorio estadounidense y los pertenecientes a tribus nativas exentas del pago de impuesto (siendo posteriormente excluido este grupo por ley federal en 1924, la cual otorgó ciudadanía a los nativos americanos). Desde su concepción hace ciento veintisiete años, este precedente no ha sido debatido por la Suprema Corte, sino que, por el contrario, el jus soli como determinante de la nacionalidad y la interpretación del texto constitucional sobre la base del derecho anglosajón han sido citados en diversos casos posteriores, siendo ambos razonamientos los pilares que sostienen este precedente.

Ahora bien, ¿significa esto que Wong Kim Ark es un super precedente inamovible por efecto del Stare Decisis? Esta es una pregunta muy difícil de contestar, pues, por un lado, resalta la vigencia del precedente y su tratamiento por las cortes inferiores. Pero, por otro lado, destaca el hecho de que la Corte Roberts ha derogado precedentes de hasta setenta y cuatro años de antigüedad, y que entre dos a cinco jueces de la Corte son considerados originalistas, o al menos tienen una visión favorable de este. Es decir, que siguen una corriente de interpretación constitucional que busca el significado del texto en la forma en que debió ser entendido, o se buscaba entender, al momento en que fue redactado.

Esto nos lleva a pensar que, si hipotéticamente este caso llega a la Suprema Corte de Justicia, es probable que al menos un grupo de sus jueces pretendan analizar, a la luz del originalísimo, el origen de la citada expresión en la Décimo Cuarta Enmienda, y el papel que jugó el infame caso Dred Scott v. Sandford (1857) en ella. Sobre todo, los jueces se enfocarían en las diferencias entre la decisión del citado caso, el cual declaró que las personas de ascendencia africana (y por tanto hijos de esclavos) no eran ciudadanos estadounidenses, y las que la orden ejecutiva busca afectar. De igual forma, se enfocarían en el hecho de que los padres de Wong Kim Ark eran residentes en estatus migratorio regular, a diferencia del estatus señalado por la orden ejecutiva.

En conclusión, esto nos brinda una idea de cómo podría ser el escenario jurídico estadounidense para los próximo cuatro años. Dígase, una guerra jurídica donde las constantes órdenes ejecutivas del presidente encontrarán adversarios que las podrían llevar ante circuitos de corte liberal, pero que tarde o temprano podrían terminar en la Suprema Corte de Justicia, donde su resultado estaría ampliamente influenciado por el criterio de los magistrados y su visión de la interpretación constitucional, y por qué no, del ala ideológica.

Alexis Colón

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Abogado en ejercicio en la República Dominicana y Nueva York. Columnista de Diario Libre USA desde el 2025. Especialista en derecho internacional económico y comercial. Fundador de Colón & Partners PLLC.