Defensa de Lindsay Clancy pide absolución sin segundo juicio tras jurado dividido 11-1
La petición representa un intento de cerrar definitivamente uno de los procesos criminales más seguidos de Estados Unidos en los últimos años
Diario Libre USA
La defensa de Lindsay Clancy pidió a un juez de Massachusetts que la declare no culpable por falta de responsabilidad criminal y evite someterla a un segundo juicio por la muerte de sus tres hijos, después de que el primer proceso terminara sin veredicto con 11 de los 12 jurados inclinados por absolverla.
El abogado Kevin Reddington presentó este jueves una moción ante el Tribunal Superior de Plymouth en la que sostiene que la Fiscalía no aportó pruebas suficientes para demostrar más allá de toda duda razonable que Clancy podía comprender la ilicitud de sus actos o controlar su conducta cuando estranguló a sus hijos en enero de 2023.
La petición representa un intento de cerrar definitivamente uno de los procesos criminales más seguidos de Estados Unidos en los últimos años. El juicio terminó el pasado 4 de septiembre después de casi seis semanas de testimonios y siete días de deliberaciones. El jurado no consiguió alcanzar la unanimidad exigida y el juez William Sullivan declaró la nulidad del proceso.
Según varios miembros del jurado que hablaron públicamente después del juicio, 11 estaban dispuestos a declarar a Clancy no culpable por falta de responsabilidad criminal y uno se negó. Incluso aseguraron que el jurado disidente reconoció tener dudas razonables, pero aun así no quiso votar por la absolución.
- Ahora la defensa quiere que sea Sullivan, y no otro jurado, quien ponga fin al caso.
La legislación procesal de Massachusetts permite que, después de que un jurado sea despedido sin alcanzar un veredicto, la defensa renueve una solicitud de declaración obligatoria de no culpabilidad. El juez puede concederla cuando considera que las pruebas son jurídicamente insuficientes para sostener una condena.
La audiencia para discutir la petición está prevista para el 29 de septiembre. La Fiscalía del condado de Plymouth todavía no ha anunciado si, en caso de que la moción sea rechazada, llevará nuevamente a Clancy ante un jurado.
El hecho
El caso comenzó la noche del 24 de enero de 2023 en Duxbury, una localidad situada aproximadamente 55 kilómetros al sur de Boston.
Clancy, entonces de 32 años y enfermera especializada en parto y maternidad, estaba en su vivienda junto a sus tres hijos: Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses. Su esposo, Patrick Clancy, trabajaba desde la casa.
Aquella mañana, Lindsay llevó a Cora a una consulta pediátrica. Después regresó a casa y salió con los dos hijos mayores a jugar en la nieve. Envió fotografías de los niños a su madre y a Patrick. Los investigadores dijeron posteriormente que no encontraron nada extraño en aquellos mensajes.
Horas después pidió a Patrick que saliera a buscar comida en un restaurante y un medicamento para los niños.
Ese detalle terminaría convirtiéndose en una pieza central de la acusación. Los fiscales mostraron que Lindsay había consultado en su teléfono cuánto tardaría el recorrido hasta el restaurante. Para la Fiscalía, estaba calculando cuánto tiempo tendría sola con los niños. La defensa sostuvo que esas acciones cotidianas no demostraban que estuviera planificando asesinarlos.
Mientras Patrick estaba fuera, Lindsay estranguló a los tres niños con bandas de ejercicio en el sótano de la vivienda.
Cora y Dawson murieron esa noche. Callan fue trasladado al Boston Children's Hospital, donde médicos consiguieron reanimarlo, pero murió el 27 de enero debido a las lesiones sufridas por la asfixia.
Después de atacar a los niños, Clancy intentó suicidarse. Sufrió heridas y cayó desde una ventana del segundo piso de la vivienda, provocándose graves lesiones en la columna que posteriormente la dejaron paralizada de la cintura hacia abajo.
Patrick regresó y encontró a su esposa gravemente herida en el exterior. La llamada al 911 y su posterior descubrimiento de los niños en el sótano se convertirían en algunas de las pruebas más impactantes presentadas durante el juicio.
Desde el comienzo del proceso hubo un hecho que ninguna de las partes discutió: Lindsay Clancy mató a sus hijos.
La batalla judicial se concentró en algo distinto: determinar si era penalmente responsable cuando lo hizo.
En Massachusetts, una persona no es criminalmente responsable si, debido a una enfermedad o defecto mental, carecía sustancialmente de capacidad para comprender la criminalidad o incorrección de sus actos o para ajustar su comportamiento a las exigencias de la ley. Una vez planteada esa defensa, corresponde a la Fiscalía demostrar la responsabilidad criminal más allá de toda duda razonable.
Reddington sostuvo desde la primera comparecencia judicial de Clancy, realizada desde una cama de hospital el 7 de febrero de 2023, que su clienta padecía una grave enfermedad mental relacionada con el período posterior al nacimiento de Callan.
La defensa argumentó posteriormente que sufría psicosis posparto y que, antes de los homicidios, había buscado repetidamente ayuda psiquiátrica, experimentado ansiedad, insomnio, pensamientos suicidas y recibido numerosos medicamentos. Familiares, amigos y compañeros de trabajo declararon durante el juicio sobre el deterioro de su estado mental.
Un gran jurado la acusó formalmente en septiembre de 2023 de asesinato y estrangulamiento por las tres muertes.
La acusación rechazó que la enfermedad mental eliminara su responsabilidad penal.
Los fiscales utilizaron búsquedas en internet, registros telefónicos, desplazamientos, conversaciones y las acciones de Clancy antes y después de las muertes para argumentar que sabía lo que estaba haciendo.
Entre sus principales argumentos estuvo que hizo salir a Patrick de la casa, comprobó previamente cuánto tardaría el viaje y actuó durante el período en que sabía que estaría sola con los niños. La fiscal Jennifer Sprague sostuvo al cerrar el primer juicio que Clancy estaba deprimida y agotada, pero que eso no significaba que hubiera perdido la capacidad de distinguir el bien del mal.
Los especialistas tampoco ofrecieron una explicación unánime.
Expertos presentados por la defensa consideraron que Clancy estaba gravemente enferma y no era responsable de sus actos. Testigos de la Fiscalía aceptaron que sufría problemas psiquiátricos, pero cuestionaron que estuviera psicótica hasta el punto requerido legalmente para eximirla de responsabilidad.
El psiquiatra Gregory Saathoff, vinculado a la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, declaró que Clancy conservaba capacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. El psicólogo forense Kirk Heilbrun también cuestionó que las supuestas voces que Clancy dijo escuchar demostraran que había perdido esa capacidad.
Tras escuchar más de 80 testigos y examinar unos 300 elementos de prueba, los jurados comenzaron sus deliberaciones a finales de agosto.
Durante siete días comunicaron repetidamente al juez que no conseguían alcanzar un acuerdo.
El conflicto llegó a un punto crítico cuando la presidenta del jurado informó que un integrante se negaba a aplicar las instrucciones sobre la duda razonable. Sullivan interrogó individualmente a los jurados y volvió a explicarles el estándar legal, pero rechazó retirar al miembro cuestionado.
La defensa intentó entonces recurrir de emergencia ante el máximo tribunal de Massachusetts para impedir que el proceso terminara anulado. La intervención fue rechazada.
El 4 de septiembre, el jurado comunicó definitivamente que no podía alcanzar un veredicto y Sullivan declaró el juicio nulo.
Después comenzaron a conocerse detalles que no eran públicos durante las deliberaciones. Varios jurados aseguraron que la división final había sido 11 a 1 a favor de considerar a Clancy no responsable penalmente.
Ese resultado está ahora en el centro de la estrategia de Reddington.
En su nueva moción, el abogado sostiene esencialmente que no tiene sentido celebrar otro juicio porque, a su juicio, la propia evidencia de la Fiscalía fue insuficiente para demostrar responsabilidad criminal.
Reddington argumenta que ningún jurado racional podría concluir más allá de toda duda razonable que Clancy conservaba la capacidad sustancial de comprender la incorrección de matar a sus hijos o de controlar su conducta en ese momento.
El estándar es elevado. Que 11 jurados estuvieran inclinados hacia la absolución no obliga al juez a decidir de la misma manera. Sullivan deberá determinar jurídicamente si, considerando la prueba en el sentido más favorable a la Fiscalía, existía evidencia suficiente para permitir una condena.
Si rechaza la solicitud, la Fiscalía podrá intentar celebrar un segundo juicio. Si la concede y dicta una absolución, la defensa habrá conseguido evitar que un nuevo jurado vuelva a decidir el caso.
Clancy, hoy de 36 años, permanece internada en un hospital psiquiátrico estatal. Una absolución por falta de responsabilidad criminal tampoco significa necesariamente que saldría inmediatamente en libertad. El sistema de Massachusetts contempla procedimientos para determinar si una persona absuelta por esa razón continúa representando un peligro y requiere internamiento psiquiátrico.
La siguiente fecha puede resultar decisiva. El 29 de septiembre, el mismo juez que declaró imposible obtener un veredicto tendrá que decidir si existen bases legales para que el caso termine allí o si Lindsay Clancy debe atravesar por segunda vez un juicio por la muerte de Cora, Dawson y Callan.
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