Latinos reaccionan al fin del "parole humanitario"; denuncian impacto en miles de migrantes
Abogados de migración residentes en Miami aseguran que el programa era legal al momento de su creación y que será impugnado
Diario Libre USA
Luego de que ayer, viernes, se publicara un borrador en el Registro Federal, el cual daba a conocer la intención del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de revocar el "parole humanitario", un permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a unos 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, la comunidad latina se ha expresado al respecto.
El programa, conocido como CHNV por las iniciales de las nacionalidades involucradas, indica que las personas que tienen parole humanitario que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos, deberán salir del país antes del próximo 24 de abril.
Este programa fue lanzado por el gobierno del expresidente Joe Biden para ampliar las vías legales y reducir la migración irregular con un límite de 30,000 personas al mes que debían ingresar a Estados Unidos a través de un aeropuerto.
Cualquier migrante de las cuatro naciones seleccionadas que intentara ingresar ilegalmente a Estados Unidos se le prohibía beneficiarse del programa.
Según datos que recoge el periódico Miami Herald, Trump puso fin al programa al cerrar una plataforma en línea que los migrantes utilizaban para obtener su autorización de viaje.
Hasta ese entonces, unos 213,000 haitianos, más de 120,700 venezolanos, 110,900 migrantes cubanos y 93,000 nicaragüenses habían logrado ingresar legalmente.
"Hablamos de casi 500,000 personas que ingresaron bajo este programa, medio millón, y en realidad todas viven en Estados Unidos", dijo Elizabeth Amaran, abogada de inmigración con sede en Miami, en sus declaraciones al Miami Herald.
"Llevan menos de dos años aquí, es cierto. Pero, bueno, son personas que vinieron con la intención de quedarse legalmente y no han hecho absolutamente nada malo, porque ingresaron bajo un programa que era legal en el momento de su creación", destacó.
Al ser entrevistada por el periódico estadounidense, Amaran afirmó que considera "extrema" y peligrosa la decisión de la administración, así como su interpretación de que el programa no era legal cuando fue emitido por el presidente Biden.
"Por supuesto, todo esto será impugnado legalmente. Pero mientras se decide en los tribunales, inmigración tiene la facultad de detener y deportar a cualquiera de ellos antes de que el tribunal decida", dijo.
Según la ley estadounidense, cuando a alguien se le revoca el estatus migratorio, significa que su ingreso al país fue ilegal. "Si no es legal, todas estas personas se exponen a una deportación acelerada", dijo Amaran. "La deportación acelerada significa que te deportan sin siquiera ver a un juez".
De manera abrupta
"Es desalentador saber que miles de personas trabajadoras podrían perder abruptamente su permiso de trabajo, el cual les ha permitido trabajar y hacer contribuciones significativas a nuestra sociedad", dijo Maureen Porras, abogada de inmigración de origen nicaragüense y vicealcaldesa de la ciudad de Doral, que tiene la mayor población de venezolanos en Estados Unidos.
"La comunidad venezolana merece algo mejor. Es fundamental que quienes solo tienen el parole humanitario y ningún otro estatus migratorio comprendan la amenaza que enfrentan y busquen la orientación de abogados de inmigración para asegurar su futuro", declaró al Herald.
La prioridad es deportarlos
En tanto, Mark Prada, abogado de inmigración de Miami, asegura que se trata de una población vulnerable y que el único foco de las autoridades actuales es ampliar las deportaciones.
"Siempre fueron vulnerables. Simplemente alguien decidió actuar. Todo se basa en la discreción y las decisiones prioritarias. Y ahora mismo, la prioridad es deportar a todo el mundo", afirmó.
En el borrador, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, se argumenta que este programa migratorio "ya no representa un beneficio público significativo" para Estados Unidos y es "incompatible con los objetivos de política exterior" de la Administración de Trump.
Para acceder al programa, los migrantes tenían que tener el patrocinio de alguien que residiera legalmente en el país.
El Herald resalta que las autoridades federales del sur de Florida detuvieron recientemente al menos a 18 cubanos durante citas de inmigración que tenían ya programadas, lo que evidencia que un grupo que históricamente ha disfrutado de beneficios migratorios especiales no es inmune a los intensificados esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump.
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