Solicitan una orden de restricción temporal contra la Comisión Electoral de Puerto Rico
Medidas cautelares y restricción contra CEE en Puerto Rico
EFE
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció este martes que ha solicitado ante la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico una orden de restricción temporal contra Jessika Padilla, presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), y contra la propia Comisión.
La petición presentada también solicita medidas cautelares preliminares, permanentes y una sentencia declaratoria contra Padilla y la CEE.
El objetivo es proteger los derechos fundamentales al voto de sus representados: Marina Espíritu, Francisco Concepción Márquez, Dante Vélez Iriarte e Iris Delia Torres López, así como de otros votantes potenciales, indicó el comunicado.
La ACLU busca que puedan beneficiarse del artículo 5.11(2)(b), asegurando el derecho a registrarse para votar hasta el 6 de octubre de 2024, es decir, 30 días antes de las elecciones generales del 5 de noviembre.
También enfatiza que es deber del Gobierno de Puerto Rico proporcionar todos los recursos necesarios a la CEE para que esta cumpla con sus obligaciones constitucionales y celebre las elecciones sin imponer cargas indebidas al derecho al voto de los ciudadanos.
La demanda también señala la falta de acción por parte de la CEE, especialmente su decisión de eliminar las visitas a las escuelas secundarias para promover la inscripción entre los jóvenes en los últimos tres años.
Durante un procedimiento de revisión administrativa ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, se utilizó el calendario de la CEE como prueba.
En él se establece que la lista final de electores registrados se completará el 11 de octubre, mostrando así el carácter irrazonable de las medidas adoptadas por la CEE que limitan el registro a 45 días antes de las elecciones, en lugar de los 30 días establecidos por ley, según ACLU.
La nota agregó que el derecho constitucional al voto de los demandantes no puede verse condicionado por la falta de organización o presupuesto de la CEE para administrar adecuadamente el proceso electoral.
Esta solicitud de ACLU se produce después del cierre del plazo del registro electoral el pasado 21 de septiembre, una fecha que los opositores Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) pidieron ampliar al 6 de octubre.
El juez Raúl Candelario, del Tribunal de San Juan, declaró el viernes pasado, un día antes del cierre del registro electoral, no ha lugar un recurso de revisión contra la CEE para extender el plazo.
El recurso fue radicado por el MVC con el objetivo de ampliar el plazo ante la gran afluencia de personas que acudieron a los centros de inscripción para sacar su tarjeta electoral.
En las elecciones, los candidatos a la gobernación son, Juan Dalmau, por la alianza del PIP y MVC; Jenniffer González, por el PNP; Jesús Manuel Ortiz, del PPD; y Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad (PD).
Los puertorriqueños también están llamado a elegir en las urnas al comisionado residente en Washington, legisladores, senadores y alcaldes.
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