Los hospitales de Florida preguntan a los inmigrantes sobre su estatus legal

Durante tres días, el personal de una clínica médica de Orlando animó a una mujer con dolor abdominal que llamó a la línea de triaje a ir al hospital. Ella se resistió, temerosa de una ley de Florida de 2023 que obligaba a los hospitales a preguntar si un paciente estaba en Estados Unidos con permiso legal.

La clínica había trabajado arduamente para explicar los límites de la ley, que era parte del amplio paquete de políticas de inmigración más estrictas del gobernador Ron DeSantis. La clínica colocó carteles y aconsejó a los pacientes: podían negarse a responder la pregunta y aún así recibir atención. La información de identificación individual no se reportaría al estado.

"Tratamos de explicar esto una y otra vez, pero el miedo era real", dijo la directora ejecutiva de Grace Medical Home, Stephanie Garris, y agregó que la mujer finalmente fue a una sala de emergencias para recibir tratamiento.

Texas será el próximo en intentar una ley similar para los hospitales inscritos en planes de salud estatales, Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños. Entra en vigor el 1 de noviembre, justo antes del final de una elección presidencial en la que la inmigración es un tema clave.

"Los texanos no deberían tener que cargar con la carga de apoyar financieramente la atención médica para los inmigrantes ilegales", dijo el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en un comunicado en el que anunció su mandato, que difiere del de Florida en que los proveedores no tienen que decirles a los pacientes que su estado no se compartirá con las autoridades.

Ambos estados tienen un alto número de inmigrantes, que van desde personas que están en los EE. UU. sin permiso legal hasta personas que tienen casos de asilo pendientes o son parte de familias de estatus mixto. Y aunque la tasa de personas sin seguro médico en estos dos estados, ninguno de los cuales ha ampliado Medicaid, es más alta que el promedio nacional, las investigaciones han demostrado que los inmigrantes tienden a usar menos y gastar menos en atención médica.

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Texas y Florida tienen una larga historia de desafiar las políticas de inmigración del gobierno federal al aprobar las suyas propias. Y sus líderes republicanos dicen que las leyes hospitalarias contrarrestan lo que ven como una aplicación laxa en la frontera por parte de la administración Biden, aunque los primeros datos de Florida son, según su propia admisión, limitados.

El senador estatal republicano de Florida Blaise Ingoglia, quien patrocinó el proyecto de ley sobre hospitales, dijo en una declaración escrita que la ley es "la ley más fuerte y completa contra la inmigración ilegal", pero no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre el impacto de la ley en la comunidad inmigrante o en los pacientes hospitalizados.

Luis Isea, médico de medicina interna con pacientes en hospitales y clínicas en el centro de Florida, dijo que la ley "está creando esa barrera adicional" para los pacientes que ya están expuestos a muchas disparidades.

Grupos de defensa de los inmigrantes en Florida dijeron que enviaron miles de mensajes de texto y correos electrónicos y realizaron clínicas para ayudar a las personas a comprender las limitaciones de la ley, incluido el hecho de que las agencias policiales no conocerían el estado de una persona porque los datos se informarían en conjunto.

Sin embargo, muchas llamadas de los trabajadores de la salud quedaron sin respuesta. Algunos pacientes dijeron que se iban de Florida, como resultado del impacto de la ley en la obtención de atención médica y en el empleo; la administración de DeSantis vinculó el mandato hospitalario a otras iniciativas que invalidaron algunas licencias de conducir, criminalizaron el transporte de migrantes sin estatus permanente y cambiaron las políticas de verificación de empleo.

Otros, dicen los defensores, languidecieron de dolor o necesitaron ser persuadidos. Verónica Robleto, directora de programas del Proyecto de Salud de la Mujer Rural en el centro norte de Florida, recibió una llamada antes de que la ley entrara en vigor en julio de 2023 de una joven que no tenía permiso legal para estar en Estados Unidos y temía ser separada de su hijo si daba a luz en el hospital.

"Tenía mucho miedo (pero) terminó yendo después de hablar conmigo", dijo Robleto.

Cualquier dato que Florida y Texas recopilen probablemente no sea confiable por varios motivos, sugirieron los investigadores. El economista de salud Paul Keckley dijo que el informe publicado por las autoridades del estado de Florida podría tener datos "incompletos, inexactos o engañosos".

Por un lado, es autoinformado. Cualquiera puede negarse a responder, una opción elegida por casi un 8 por ciento de las personas admitidas en el hospital y alrededor de un 7 por ciento de las personas que acudieron a la sala de emergencias entre junio y diciembre de 2023, según el informe del estado de Florida. Menos del 1% de las personas que fueron a la sala de emergencias o fueron admitidas en el hospital informaron estar en los EE. UU. "ilegalmente".

La Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud de Florida reconoció grandes limitaciones en su análisis, diciendo que no sabía cuánto de la atención brindada a los "extranjeros ilegales" no se pagó. También dijo que no podía vincular los altos niveles de atención no compensada con el nivel de "extranjeros ilegales" que llegan a un hospital, diciendo que está "más asociado con el estado del condado rural que con los porcentajes de inmigración ilegal".

La agencia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y más información. Su informe señaló que durante gran parte de la última década, la cantidad de facturas impagas y deudas no cobradas en poder de los hospitales de Florida ha disminuido.

En Florida y Texas, las personas que no están legalmente en los EE. UU. no pueden inscribirse en Medicaid, que proporciona seguro médico para personas de bajos ingresos, excepto en el caso de una emergencia médica.

Múltiples factores pueden afectar el costo de la atención para las personas que están en EE. UU. sin permiso legal, dijeron los expertos, sobre todo la falta de atención preventiva. Eso es especialmente cierto para las personas que tienen enfermedades progresivas como el cáncer, dijo el Dr. James W. Castillo II, la autoridad de salud del condado de Cameron, Texas, que tiene alrededor de un 22 por ciento de la población sin seguro, en comparación con el promedio estatal de 16.6 por ciento.

En ese momento, dijo, "por lo general es mucho más difícil de tratar, mucho más caro de tratar".

Grupos comunitarios de Texas, legisladores y abogados de inmigración se están asociando con Every Texan, una organización sin fines de lucro que se enfoca en la política pública y el acceso a la atención médica, para alentar a las personas a no responder la pregunta de estatus, dijo Lynn Cowles de Every Texan.

Y en Florida, los temores de deportación están disminuyendo, pero persisten las preguntas sobre el propósito de la ley.

"Cuánto de esto es una política sustantiva y una buena política en comparación con cómo le fue, lo dejo para que otros especulen", dijo Garris, de la clínica de Orlando. "Pero sé que el efecto práctico de la ley fue atroz y degradante para los pacientes que viven aquí, que trabajan aquí. Es simplemente insultante".

AP

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