Corte Suprema de EEUU despoja a comisión financiera de importante herramienta en casos de fraude
SEC obligada a llevar juicios por fraude a tribunales federales
AP
La Corte Suprema despojó a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de una importante herramienta para combatir el fraude de valores, en una decisión que también podría tener amplios efectos en otros organismos reguladores.
Los jueces decidieron, en una votación de 6 a 3, que las personas acusadas de fraude por la SEC, que regula los mercados de valores, tienen derecho a un juicio con jurado en un tribunal federal. Los procesos internos que la SEC ha utilizado en algunas quejas de fraude civil violan la constitución, indicó el tribunal.
"Un acusado que enfrente una demanda por fraude tiene derecho a ser juzgado por un jurado de sus iguales ante un juez neutral", escribió el juez presidente, John Roberts, para la mayoría conservadora del tribunal.
La jueza Sonia Sotomayor, que leyó su disenso en el tribunal, dijo que "los litigantes que busquen desmantelar el estado administrativo" se regocijarían con la decisión.
Los organismos federales que supervisan la seguridad en minas y otros lugares de trabajo están entre los muchos organismos que solo pueden imponer penalizaciones civiles en procedimientos administrativos internos, escribió Sotomayor, a la que se unieron las juezas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan.
"A estas e incontables agencias más, toda la mayoría puede decirles que tuvieron mala suerte y que obtengan un nuevo estatuto del Congreso", escribió.
El caso es uno de los varios que se han presentado en este periodo, en los que los intereses conservadores y de negocios instan al tribunal, compuesto por nueve miembros, a restringir a los organismos reguladores federales. Los seis conservadores del tribunal ya los han frenado, incluso en un fallo emitido el año pasado, que limita estrictamente la capacidad de los organismos reguladores ambientales de vigilar la contaminación del agua en los pantanos.
A la SEC se le otorgaron más de 5,000 millones de dólares en penalizaciones civiles en el año presupuestal de 2023, que terminó el 30 de septiembre, dijo el organismo en un comunicado de prensa. No se sabe cuánto de ese dinero se obtuvo en procesos internos o en demandas ante un tribunal federal.
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