Denuncian que Gobierno de Denver remueve a migrantes desamparados de la ciudad
HAND exige a Denver reducir acciones policiales contra los sin techo
La Red de Acción de Acceso a Viviendas de Denver (HAND, en inglés) denunció esta semana que las autoridades de la capital de Colorado han forzado desde hace dos años con operativos policiales la salida de la ciudad de nuevos inmigrantes desamparados y otras personas sin techo.
En un reporte basado en datos oficiales y en entrevistas con los afectados, HAND afirma que el llamado Equipo de Cumplimiento de la Ley en las Calles (SET, en inglés), creado hace dos años, "se enfoca ciento por ciento en remover a los sin techo por medio de la policía, multas o cárcel".
Según HAND, ese accionar contradice la llamada Iniciativa Casa 1,000, lanzada en 2023 por el alcalde Mike Jonhston, que prometía encontrar vivienda permanente para mil desamparados en Denver.
"Se está obligando a las personas sin hogar a 'alejaras' por la fuerza", afirma el reporte.
Subrayan que esa situación afecta tanto a residentes locales en situación de calle como a nuevos inmigrantes (mayormente de Venezuela) llegados de forma masiva a Denver desde noviembre de 2022.
"El alcalde Johnston cerró seis refugios para migrantes en marzo pasado, lo que provocó que miles de migrantes, incluidos bebés y niños, fueran expulsados a las calles", señala el documento de HAND.
Detalla que las familias inmigrantes han sido continuamente obligadas a salir de la ciudad y "los albergues para la población local sin vivienda han rechazado activamente a cualquier migrante simplemente por serlo".
Previos estudios realizados por esta coalición a principios de este año destacaron la casi imposibilidad para los inmigrantes recién llegados de encontrar trabajos que les permitiesen acceder a viviendas dignas para ellos y sus familias. Y las oportunidades existentes (construcción y renovación) no necesariamente eran aptas para esos inmigrantes.
Un análisis de 2023 y 2024 sobre desamparo en Denver, realizado por el periódico Denver Gazette, parece confirmar la postura de HAND al afirmar que "existe una amplia brecha" entre la municipalidad local y los proveedores de servicios y ayuda a desamparados.
"Sólo una persona optó por recibir tratamiento antidrogas entre aproximadamente 600 desamparados alojados en albergues municipales", contrario a lo anticipado por Johnston, quien esperaba "satisfacer las necesidades de tratamiento y servicios de salud mental" de miles de desamparados al ofrecer esos servicios directamente en los albergues.
Los concejales han expresados que la ciudad debe reconocer que proporcionar albergue "no es suficiente" y que se requiere de programas y servicios apropiados, durante los debates sobre el presupuesto para 2025,
HAND entregó esta semana un petitorio de los concejales de Denver pidiendo que se revierta "el importante aumento de acciones policiales contra desamparados desde enero" para "vivir libres de miedo".
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