Investigan a ocho empleados por incendio que dejó 40 migrantes muertos en México
Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos
AP
Las autoridades mexicanas informaron el miércoles que ocho funcionarios o empleados del centro de detención de migrantes son investigados por presunta negligencia en el incendio en el que murieron unas 40 personas.
La ira y frustración que sobrevinieron al fuego en Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza del norte de México, enardeció con la marcha de cientos de migrantes hacia el punto de entrada a Estados Unidos con la intención de cruzar de forma masiva.
Funcionarios mexicanos trasladan la presunta responsabilidad por las muertes en el incendio principalmente en los guardias de seguridad privada subcontratados por el centro de detención de Ciudad Juárez, cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos.
No se informó de los cargos que se investigan, pero las autoridades aseguraron que emitirán al menos cuatro órdenes de detención, entre otros, para el migrante que formó parte del grupo que, según describieron, inició el fuego.
Cinco de los investigados por presunto incumplimiento de funciones son guardias de seguridad privada, pero también hay dos agentes federales de Migración y un funcionario del estado de Chihuahua, según la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
La investigación se enfoca en el hecho de que los guardias se van sin, presuntamente, hacer intento alguno de liberar a los hombres detenidos - casi todos procedentes de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador- antes de que la sala se llene de humo en cuestión de segundos.
Las muertes de los migrantes derivaron en frustración y han sido relacionadas con la marcha masiva de cientos de migrantes el miércoles por la tarde que se dirigían hacía el cruce fronterizo con Estados Unidos con la intención de que las autoridades estadounidenses les dejasen pasar a su territorio.
A la ira derivada por las muertes se añadió la frustración acumulada de migrantes que llevan semanas intentando sacar una cita a través de una aplicación en el celular móvil para presentar ante Estados Unidos una solicitud de asilo. En ese contexto, comenzó a esparcirse el rumor entre los migrantes que Estados Unidos les dejaría pasar el control fronterizo.
Jorman Colón, un migrante venezolano de 30 años, caminaba de la mano con su hija de nueve años, asegurando que había visto en las redes sociales que algunos conocidos habían conseguido atravesar la frontera.
“Queremos entregarnos”, dijo Colón, en referencia al primer paso del proceso de asilo.
Varios cientos de migrantes atravesaron el poco profundo Río Grande, desde México camino a Estados Unidos, y se acercaron al punto de entrada fronterizo que separa El Paso de Ciudad Juárez. Agentes armados hacían guardia en la puerta del lado de Estados Unidos.
Otra migrante venezolana, Victoria Molina, de 24 años, se quejó de que “la aplicación nunca nos da una fecha”.
Un grupo de unos 50 migrantes se acercó a un vehículo y personal de la patrulla fronteriza y ante ellos, se sentaron o arrodillaron en el suelo. Más tarde, cerca de 25 de ellos fueron redirigidos en fila hacia la entrada a Estados Unidos y se marcharon en un autobús blanco similar a los escolares.
Funcionarios de Estados Unidos aseguraron después que en torno a un millar de migrantes han cruzado el río y su trámite está siendo procesado de forma ordenada. Sin embargo, no se especificó si eso implicaba que les permitían quedarse o si eran expulsados en autobús en un punto de control fronterizo formal.
El humo empezó a esparcirse fuera del centro de detención de migrantes el lunes por la noche después de que, presuntamente, un grupo de ellos prendiera fuego a los colchones del centro en protesta ante el temor de ser trasladados o deportados.
Autoridades de Migración aseguraron que 15 mujeres fueron liberadas cuando comenzó el fuego, pero no dieron ninguna explicación sobre por qué no se dejó salir a los hombres.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el miércoles que en el centro había tanto funcionarios de Migración como guardias de seguridad de un contratista privado.
También el miércoles, el papa Francisco llamó a la oración al final de su audiencia por aquellos que murieron en el “trágico incendio”.
Un vídeo de vigilancia interno filtrado muestra a migrantes, supuestamente temerosos de ser trasladados, colocar los colchones de espuma del centro contra los barrotes de la celda y prenderlos fuego.
En el video, cuya autenticidad fue después confirmada por el gobierno mexicano, dos personas con uniforme de guardias salen corriendo fuera del plano de la cámara y al menos un migrante aparece en la imagen al otro lado de la puerta de metal. Pero los guardias no hacen ningún esfuerzo aparente para abrir las puertas de la celda y, al contrario, se apresuran a salir mientras la nube de humo se esparce y llega la habitación en segundos.
No está claro si los dos empleados de seguridad tenían las llaves de la celda, pero las autoridades sugirieron el miércoles que debían tenerlas o que podrían haber roto la cerradura, una tarea que se antoja complicada dada la velocidad con la que se expandía el humo.
Estados Unidos ha ofrecido su ayuda para atender a las cerca de 30 personas que han sido hospitalizadas en estado crítico, la mayoría por inhalación de humo.
Los migrantes estaban en Ciudad Juárez a la espera de trámite debido a que las políticas migratorias de Estados Unidos no permiten que crucen a ese territorio para presentar su solicitud de asilo. Pero habían sido retenidos en grupo porque los habitantes de esa ciudad mexicana están cansados de la presencia de migrantes que bloquean el paso fronterizo o que piden dinero.
“Hubo varias denuncias de los vecinos de que un grupo de migrantes, no sabemos si este u otro, agredió a la gente, pidiendo, exigiéndole dinero a la gente", declaró Rodríguez.
El elevado nivel de frustración en Ciudad Juárez quedó en evidencia a inicios de mes cuando cientos de migrantes, en su mayoría, venezolanos trataron de entrar por la fuerza a través de uno de los puentes internacionales de El Paso, como reacción a los falsos rumores que decían que Estados Unidos les permitiría la entrada. Las autoridades de ese país, en cambio, bloquearon todos sus intentos.
Después de esos hechos, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, comenzó una campaña informativa para que los migrantes supiesen que había alojamiento en refugios y que no había necesidad de que mendigaran por las calles. Pidió a los residentes que no les dieran dinero y dijo que las autoridades retiraron a los migrantes de las intersecciones en las que podían suponer un riesgo y en donde empezaban a convertirse en un fastidio para los habitantes.
El alcalde dijo a la AP el miércoles que su oficina no había recibido ningún reporte de abuso o violación de los derechos de los migrantes que estaban en los centros de detención. Insistió en desligar su administración de cualquier tipo de responsabilidad respecto de lo sucedido.
“Es una tragedia terrible que nos duele a todos”, dijo, asegurando que debe caer “todo el peso de la ley sobre los responsables, las personas que, por ejemplo, no abrieron las puertas a los migrantes”.
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