Cerrada la Embajada israelí en EE.UU. por la huelga contra la reforma judicial
La noche del domingo, más de 650,000 israelíes colmaron las calles de todo el país al grito de "democracia, democracia"
EFE
La Embajada de Israel en EE.UU. amaneció este lunes cerrada por un día debido a la huelga contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Según pudo constatar EFE, la legación diplomática, situada en el noreste de Washington DC, está cerrada al público. Dos patrullas policiales están apostadas frente al recinto, en cuyas inmediaciones reina la calma y hay algún que otro medio de comunicación.
En un mensaje en Twitter, el portavoz de la embajada, Elad Strohmayer, dijo que la embajada iba a permanecer clausurada este lunes hasta "nuevo aviso", por lo que no iba a proporcionar servicios consulares.
Explicó que "Histadrut" (la Unión General de Trabajadores de Israel), el mayor sindicado del país, ha instruido a todos los empleados gubernamentales a que se sumen a la huelga, incluidas las misiones diplomáticas alrededor del mundo.
El sindicato anunció el comienzo hoy de una huelga general en caso de que Netanyahu no detenga la reforma judicial.
Poco después, autoridades municipales, centros de salud, centros comerciales y trabajadores del sector de alta tecnología informaron de que se sumaban a la huelga; mientras las universidades ya amanecieron hoy cerradas.
El aeropuerto internacional Ben Gurión, el principal de Israel, canceló este lunes el despegue de vuelos.
La protesta tiene lugar en la antesala de un anticipado discurso de Netanyahu en el que, según medios locales, se espera que comunique la interrupción de la polémica reforma judicial, que ha desencadenado masivas manifestaciones desde hace tres meses.
La noche del domingo, más de 650,000 israelíes colmaron las calles de todo el país al grito de "democracia, democracia", tras el despido del ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien el pasado sábado se convirtió en el primer miembro del Gobierno en pedir frenar la reforma.
La polémica reforma judicial busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería socavada y limitaría la capacidad fiscalizadora del Supremo.
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