Encargado de negocios de Embajada de EE.UU. destaca la seguridad jurídica en República Dominicana
Robert Thomas se reunió con el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina Peña
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana valoró la estabilidad de la democracia dominicana y aseguró que la seguridad jurídica que demuestra el país incentiva la inversión de capital extranjero, al tiempo que atribuyó al Poder Judicial el avance en dicha materia.
“La seguridad jurídica que ofrece la República Dominicana es un elemento esencial para la inversión extranjera”, dijo Robert Thomas, según una comunicación de prensa de la Suprema Corte de Justicia tras una reunión que sostuvo el funcionario estadounidense con el presidente de la alta corte dominicana, Luis Henry Molina Peña.
De acuerdo con el comunicado, en dicha reunión Thomas también reiteró el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos de seguir apoyando los programas y proyectos del Poder Judicial, dirigidos a la consolidación de este importante Poder del Estado.
En tanto que Molina Peña, agradeció el apoyo dado por los Estados Unidos, a través de sus distintas agencias de cooperación, a las iniciativas de transformación de la justicia dominicana llevadas a cabo por el Poder Judicial. Indicó, además, que los jueces y servidores judiciales están comprometidos con la realización de los cambios necesarios que permitan una Justicia al día. Con esto se busca que la Justicia esté en capacidad de brindar sus servicios de manera eficiente y oportuna, teniendo como centro a las personas.
La nota informa que Thomas y Molina Peña trataron temas relativos al fortalecimiento de las relaciones y una colaboración conjunta.
Además, se presentaron los avances de la justicia dominicana contenidos en el plan estratégico institucional y las prioridades a ser desarrolladas en el año 2023, en el marco de la visión justicia al día para garantizar la dignidad de las personas.
Asimismo, en la reunión se identificaron los programas que formarán parte de la agenda de cooperación interinstitucional, entre los que destacan la optimización del proceso penal, la definición e implementación de mecanismos de solución alternas de conflictos, la transformación digital, la transparencia e integridad en el Poder Judicial y las reformas legislativas necesarias para la modernización de la justicia, informó la entidad.
En el encuentro, el magistrado Molina Peña estuvo acompañado por los jueces de la Segunda Sala de la SCJ, Francisco Antonio Jerez Mena (quien la preside) y Fran Soto Sánchez, Bionni Zayas Ledesma, consejera del Poder Judicial; Gervasia Valenzuela Sosa, secretaria del Consejo del Poder Judicial; Ángel Brito Pujols, director General de Administración y Carrera Judicial: Rosa María Suárez, directora General Técnica; Jacinto Castillo Moronta, inspector general del Consejo del Poder Judicial, Javier Cabreja Polanco, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos; y Mario Garay, director del Centro de Gestión.
Mientras que Thomas estuvo acompañado de Rebecca Latorraca, directora de la USAID; Lissette Dumit, especialista en Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho de la USAID; Todd Christiansen y Paul Butki, director y subdirector de Narcóticos Internacionales y Refuerzo de la Ley (INL), respectivamente; y Arlin Suncar, asistente de Programas de la Dirección de Narcóticos Internacionales y Refuerzo de la Ley (INL).
Jueces de EEUU visitan la RD
El pasado mes de noviembre, una delegación integrada por 13 jueces y juezas estadounidenses de ascendencia dominicana visitó al Poder Judicial dominicano con la finalidad de intercambiar experiencias dirigidas a eficientizar los procesos judiciales.
Durante su estancia, los jueces y juezas informaron de su experiencia a sus pares en el país en la administración de sus casos, las herramientas utilizadas para la agilización de los procesos, así como los mecanismos para simplificación y digitalización de los trámites.
En ese momento, Molina Peña planteó la necesidad de generar un espacio de colaboración interinstitucional con el fin de afianzar los procesos de reformas en la justicia dominicana y aprovechar la experiencia norteamericana en la resolución de conflictos mediante métodos alternos.