Empleados de EEUU temen repercusiones por leyes contra aborto
Una ley de Oklahoma somete a cualquier persona que aconseje a una mujer someterse al aborto
AP
Las leyes estrictas contra el aborto que entraron en vigor en Oklahoma este año provocaron el rápido cierre de todos los centros de aborto en el estado, pero crearon dudas para quienes trabajan directamente con las mujeres que podrían buscar su consejo o ayuda para someterse a un aborto fuera del estado.
Más allá de las profundas repercusiones que las leyes sobre el aborto están teniendo en la atención médica, especialmente en la medicina reproductiva, los miembros del clero, los trabajadores sociales e incluso los bibliotecarios han expresado su preocupación por estar expuestos a la responsabilidad penal o civil por el simple hecho de discutir el tema.
Esos temores tienen fundamento, señaló Joseph Thai, profesor de la Universidad de Oklahoma que enseña sobre derecho constitucional y la Corte Suprema. Thai describe las nuevas leyes antiabortistas de Oklahoma, que incluyen sanciones penales y civiles, como las más estrictas del país hasta el momento y de gran alcance tanto en su contenido como en su alcance.
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos emitido en junio para anular la sentencia del caso Roe vs. Wade y eliminar el derecho constitucional de las mujeres al aborto, desencadenó inmediatamente una ley de Oklahoma de 1910 que convierte en delito, castigado con dos a cinco años de prisión, para toda persona que “aconseje” o proporcione cualquier otro medio para que una mujer se someta al procedimiento. Esa ley sólo permite el aborto para salvar la vida de la madre.
“Ese lenguaje omnicomprensivo puede convertir en delincuente a cualquiera y a todos los que ayuden a una mujer a abortar o proporcionen información sobre el acceso al aborto, incluyendo a un cónyuge, otro miembro de la familia, un amigo, un compañero de clase o de trabajo, un bibliotecario o incluso a un conductor de Uber”, dijo Thai. “Del mismo modo, los empleadores que se han comprometido a pagar los abortos de sus empleados como parte de su cobertura de salud reproductiva y sus compañías de seguros se enfrentan a la responsabilidad penal”,.
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