Sandra Torres, la ex primera dama en su tercer intento por gobernar Guatemala
Sandra Torres Casanova saltó a la palestra pública en 2008 de la mano de su entonces esposo y presidente guatemalteco Álvaro Colom
AP
Sandra Torres Casanova saltó a la palestra pública en 2008 de la mano de su entonces esposo y presidente guatemalteco Álvaro Colom. Durante el mandato de Colom, fallecido en 2023, fue duramente criticada por involucrarse en el gobierno y señalada de interferir en las decisiones presidenciales. Para las elecciones del domingo, su tercer intento por llegar a la presidencia, es una de las tres favoritas.
La ex primera dama espera convencer a los guatemaltecos con el slogan “Bienvenidos a la era del orden y la transformación”. La política derechista de 67 años, empresaria y con una maestría en políticas públicas, es la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por el que llegó a la presidencia su exesposo (2008-2012) y del cual es fundadora.
Torres se divorció en 2011 de Colom e inmediatamente inició su carrera política. Se candidateó a la presidencia por primera vez en 2015, pero perdió la contienda ante el comediante Jimmy Morales. Lo volvió a intentar en 2019, en los comicios que le dieron la victoria a Alejandro Giammattei.
En su favor, exfuncionarios y cercanos aseguran que Torres es una política eficiente y que, durante su etapa como primera dama, administró programas de apoyo a familias pobres. Esas propuestas son ahora la punta de lanza de su campaña, que incluye la entrega de bolsas solidarias de víveres a grupos vulnerables y la reducción de impuestos a la canasta básica.
Torres va acompañada de Romeo Guerra, un pastor evangélico que renunció a su cargo pocos días antes de anunciar su postulación para vicepresidente. Pese a que la constitución de Guatemala prohíbe las candidaturas de ministros de cualquier religión o culto, Guerra fue refrendado tanto por el ente rector electoral como por la Corte de Constitucionalidad.
La ex primera dama fue procesada y enviada a prisión durante cuatro meses en 2019 por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado, aunque pasó la mayor parte del tiempo de reclusión en un hospital.
La Fiscalía investigaba el financiamiento de su partido, pero Torres se libró de ser juzgada. Un fallo de la Corte de Constitucionalidad sostuvo que no podía ser procesada por el delito de financiamiento electoral no registrado gracias a una reforma penal aprobada previamente con el apoyo de su partido.
Los diputados del movimiento político de Torres impulsaron junto al oficialismo leyes como la reforma del Código Penal de 2018 -durante la presidencia de Morales (2016-2020)- que benefició a los secretarios generales de los partidos políticos al quitarles responsabilidades directas por los aportes lícitos o ilícitos que llegaran sus campañas electorales.
Su partido también se ha aliado a Giammattei para aprobar y reformar normas que reducen los derechos de la ciudadanía como la Ley para la Protección a la Vida y la Familia, que endurecía penas contra el aborto y prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo.
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