Escasas aspiraciones para la Cámara de Cuentas llevan a extender periodo de inscripción
Hasta la fecha, solo 80 personas se han inscrito para ser titulares de la Cámara de Cuentas
Por la baja acogida de la convocatoria para ser miembro titular de la Cámara de Cuentas, una comisión de diputados decidió este martes extender el plazo de inscripción por 14 días adicionales, con el fin de permitir que más personas se postulen a los cinco cargos vacantes.
Según el diputado Rogelio Alfonso Genao, quien coordina la comisión evaluadora, hasta la fecha solo se han inscrito 80 personas para ser miembros titulares del organismo fiscalizador. Esta cifra aún es baja en comparación con el proceso de 2020, cuando más de 400 personas aspiraron a ocupar la dirección de la entidad.
Como medida, la comisión de congresistas acordó extender el plazo de inscripción hasta el 28 de noviembre. La fecha original para presentar postulaciones vencía el jueves 14 de noviembre.
"Muchos de los interesados han solicitado un plazo mayor para poder reunir algunas informaciones que les hacen falta", sostuvo el diputado Genao.
Lo que sigue
Tras las inscripciones, la comisión de diputado revisará todos los expedientes registrados para confirmar que los aspirantes cumplan con los requisitos legales exigidos.
Después de la depuración, el equipo de diputados entrevistará por 15 minutos a cada aspirante y luego elaborará ternas para que el Pleno de la Cámara de Diputados escoja a los nuevos cinco miembros titulares de la Cámara de Cuentas.
Los líos en la entidad
Los actuales miembros titulares de la Cámara de Cuentas estuvieron a punto de ser destituidos de sus cargos a través de un juicio político que nunca prosperó en el Congreso.
Janel Andrés Ramírez, el presidente; Elsa Peña, Elsa Catano, Mario Fernández y Tomasina Tolentino se acusaron mutuamente de actos ilegales a lo interno de la entidad, lo que generó un conflicto en la institución.
Después de un mes de investigaciones, una comisión de diputados determinó que los funcionarios cometieron ilícitos como ocultamiento de auditorías, usurpación de funciones u obstrucción del trabajo en la entidad, pero la recomendación de un juicio político nunca avanzó por el rechazo de la oposición en el Congreso.
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