Poder Ejecutivo remite al Congreso proyecto para modificar ley sobre tráfico ilícito de migrantes
Dijo que la reforma propuesta es exclusivamente al artículo 3, para proteger a niños y adolescentes que sean víctimas de esta "bochornosa práctica"
Diario Libre
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un proyecto para la modificación del artículo 3 de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas del 7 de agosto de 2003.
A través de una nota de prensa, el Ejecutivo aclaró: "No se trata de una modificación amplia o profunda del instrumento normativo ni de una reintroducción del proyecto que había sido retirado anteriormente. La reforma propuesta procura, exclusivamente, fortalecer la capacidad del Estado para proteger a niños, niñas o adolescentes que sean víctimas de esta bochornosa práctica".
Como expresa el proyecto en sus motivaciones, el Estado dominicano impulsa estas mejoras en el marco de su "compromiso constitucional y convencional de luchar contra una práctica tan denigrante e inhumana como la trata de personas", delito que lesiona derechos como la dignidad, igualdad, seguridad, integridad física y psíquica, libertad y libre desarrollo de la personalidad de toda persona víctima de ésta.
Sigue diálogo para reforma integral de la ley
El Poder Ejecutivo dijo, a través de una nota de prensa, que aunque es fundamental promover de manera inmediata la modificación del artículo 3 de la indicada ley, en aras de fortalecer las medidas contra este delito en lo que respecta a la protección de los menores de edad, "las diferentes instituciones del Estado y la sociedad que abordan la cuestión, continúan trabajando para una eventual revisión integral de la norma, en un proceso de diálogo plural que permita el consenso social, académico y político en torno a tan relevante tema''.
Como se afirma en la propuesta, "el gobierno no hace más que reconocer que es deber del Estado fortalecer las medidas legales, administrativas, jurisdiccionales, educativas, sociales, culturales o de otro tipo que se requieran, para que los actores integrales, en el marco de sus competencias, dispongan de acciones y procesos tendientes a garantizar y optimizar sus respuestas frente a este flagelo, asegurando mayores garantías en el derecho interno y en cumplimiento con los estándares internacionales''.
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