Paralizan trabajos en Salinas para investigar si afectan las dunas de Baní
Medio Ambiente solicita prisión contra hombres acusados de depredar área protegida
Paola Wisky
El Ministerio de Medio Ambiente informó este martes que paralizó los trabajos de asfaltado de calles y construcción de aceras y contenes en la comunidad de Salinas, provincia Peravia, a los fines de verificar que las obras no afecten el Monumento Natural Dunas de las Calderas o Dunas de Baní.
La Dirección de Comunicaciones del Ministerio dijo a Diario Libre que su departamento Jurídico pidió al Ministerio de Obras Públicas detener los trabajos para la investigación.
Agregó que en la zona donde se realizan los trabajos existen asentamientos "desde hace mucho tiempo" y que es el pueblo. Parte de la localidad de Salinas se sitúa dentro de los terrenos correspondientes al monumento natural, un área protegida afectada durante años por la extracción ilegal de arena y tala y quema de árboles.
Diario Libre acudió la semana pasada a la comunidad, en donde residentes han mostrado posiciones encontradas sobre las obras. Algunos aseguran que la localidad ha demandado la adecuación de las calles desde hace años, sin embargo, otros entienden que podrían servir de conducto a una mayor invasión al área protegida.
Piden tres años de prisión contra depredadores
Las autoridades ambientales presentaron ante el Ministerio Público una querella con la que procuran que se condene a tres años de prisión a dos hombres a los que acusa de talar y quemar en la zona de amortiguamiento del Monumento Natural Las Dunas de las Calderas.
Un comunicado del Ministerio detalla que en la querella interpuesta ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de San Cristóbal, representada por Rigoberto Santana, Medio Ambiente se constituye en actor civil contra Estervino Vizcaíno Guerrero y Fausto Vizcaíno Rodríguez.
Según la querella, el área afectada consta de unos 200 metros cuadrados de superficie.
Medio Ambiente solicita la pena máxima prevista por la norma, que es de tres años de prisión correccional, según el numeral 1 del artículo 183 de la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En cuanto a la acción civil, la institución pide en la instancia firmada por los abogados Ana Patricia Ossers, Rossy Miguelina Pérez Martínez, María Elizabeth Herrera Rondón y Adriana Cecilia Matos Méndez, que a los imputados se les imponga el pago de 500,000 pesos.
Paola WiskyEgresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.
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