Empresa turca ya cuenta con licencia ambiental para la barcaza en Azua
Medio Ambiente otorgó la autorización el pasado miércoles, de acuerdo a un ejecutivo de la empresa
La empresa Karadeniz Powership ya tiene la licencia ambiental requerida para la puesta en marcha de la barcaza generadora de electricidad que se prevé instalar en la comunidad de Los Negros, en la provincia Azua.
Así lo confirmó a Diario Libre Carlos Matamoros, representante de la empresa, quien indicó que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia el pasado miércoles.
“Es correcto, ya tenemos la licencia ambiental en nuestro poder”, indicó el ejecutivo de la empresa turca. Al ser preguntado si para la autorización se acordó alguna modificación en el proyecto, Matamoros manifestó: “Únicamente modificamos dos puntos de anclaje para retirarnos del área protegida que estaba ahí, pero eso fue todo”.
Recordó que el pasado martes la empresa comenzó con los trabajos de construcción de la línea de transmisión. “Esperamos concluir eso lo más rápido posible; ya cuando eso esté concluido podremos entonces traer la planta para interconectarla al SENI (Sistema Eléctrico Nacional Interconectado) y poder inyectar la energía requerida”, indicó el ejecutivo.
Agregó que la inyección de energía al sistema se tomaría alrededor de 60 o 70 días. Al ser preguntado sobre cómo la empresa abordaría a la comunidad de Los Negros tras obtener el permiso ambiental, a propósito de los disturbios ocurridos en la zona, Matamoros sostuvo: “Vamos a demostrar que ayudaremos a desarrollar esa comunidad; vamos a implementar los planes que ya teníamos diseñados para el desarrollo de la comunidad”.
“No hay riesgo ambiental”
Previo a lo expresado por Matamoros, Diario Libre buscó confirmar con el Ministerio de Medio Ambiente si fue aprobado el permiso ambiental a la empresa turca. En ese momento, una fuente de la entidad manifestó que el permiso “está en proceso para concluir”.
“Se hicieron las modificaciones, se siguieron las recomendaciones para sacar el punto de amarre; se les exigió una malla debajo del barco, para que las especies grandes no entren (…) no hay riesgo ambiental”, añadió.
La preocupación del presidente de la Academia de Ciencias
Para el presidente de la Academia de Ciencias, Eleuterio Martínez, la autorización ambiental al proyecto es “preocupante”, al tiempo que consideró a la actividad de la planta como “altamente lesiva” por el riesgo de, entre otras cosas, un derrame de aceite o combustible. “Una sola gota contamina alrededor de 4,000 litros de agua y si tienes un derrame pequeño amenazas toda la forma de vida que está ahí”, advirtió.
El ingeniero agrónomo recordó que el decreto 309-95, que “Adopta como Guía para la Organización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las Categorías Genéricas Acordadas por la Unión Mundial para la Naturaleza”, previó el protocolo a seguir de las embarcaciones próximas al muelle ubicado en el Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo.
“Como el puerto estaba allí ya era un elemento de perturbación que tú no puedes minimizar; dijimos vamos a dejarlo ahí, pero le ponemos esta previsión: el movimiento de las embarcaciones que vayan a cargar o descargar, deben hacerlo con suficiente cuidado, debe a ver un protocolo para evitar el escape de aceite o grasa, porque eso contamina bárbaramente”, indicó.
De igual forma, expresó su temor de que el movimiento permanente de la embarcación perturbe a las especies.
Martínez acudió este jueves a la audiencia de conocimiento del recurso de amparo preventivo que busca paralizar el proyecto mediante una orden judicial, sometido por varias organizaciones, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Azua aplazó para el próximo lunes 28 de noviembre la audiencia, a los fines de que los representantes de varias instituciones públicas vinculadas al proyecto puedan depositar nueva documentación del caso, según indicó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes.
El proyecto que instalaría 178 megavatios ha sido defendido por el gobierno, que ha indicado que la licitación que ganó la empresa turca se debe al déficit energético que tiene el país.